El expresidente Pedro Castillo podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión y conspiración que habría cometido el pasado 07 de diciembre, al intentar disolver el Congreso sin que haya de por medio dos negaciones de confianza.
Así lo precisó el juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia donde se evaluó el recurso de apelación presentado por la defensa legal del vacado mandatario para anular la detención preliminar de siete días que pesa en su contra.
“Es obvio que frente a un delito conminado (rebelión y conspiración) existe una pena no menor de 10 o alternativamente de cinco años con restricción de la libertad, y perpetrado por la máxima autoridad del Estado, lo que les confiere gravedad a los hechos”, señaló el magistrado.
La intervención de San Martín se produjo antes de que la Sala Penal decidiera declarar infundada la apelación y confirmar la medida de detención que pesa sobre Castillo Terrones, quien la cumple en el la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en Ate Vitarte.
En su intervención, el juez precisó que se trata de una detención en flagrancia, después de que Castillo emitió su mensaje a la nación y se dirigió a la Embajada de México en Perú, pero fue detenido inmediatamente en camino a esa locación.
Además, indicó que se da la posibilidad de peligro de fuga porque el investigado pretendía recurrir al asilo, “cuyos primeros pasos ya había adelantado”, según informaron las autoridades mexicana, que han aceptado estar dispuestas a otorgarle ese estatus.
Formalizan investigación
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó este martes la investigación preparatoria contra Castillo tras el autogolpe, de modo que ahora está habilitada para pedir su prisión preventiva.
Benavides también incluyó por los mismos ilícitos a Aníbal Torres, exasesor de la Presidencia de Consejo de Ministros. El juez supremo Juan Carlos Checkley, quien asumió la competencia del caso, aprobó la decisión tras advertir que el Parlamento levantó el fuero a Castillo, detenido en flagrancia el pasado miércoles.
En el documento de la formalización de la investigación se señala que, según el Nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía puede solicitar ante el Poder Judicial “medidas limitativas de derechos en general”. El plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses.
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