Adelanto de elecciones: ¿qué plazos que se deben cumplir para realizar comicios generales?

El pleno del Congreso se dispone a analizar las propuestas de adelanto de elecciones, entre ellos un proyecto presentado por Dina Boluarte. La decisión está en sus manos en medio de la crisis que sacude el país

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Comunidades campesinas de las provincias
Comunidades campesinas de las provincias de Quispicanchi, Paucartambo y Calca llegaron a la ciudad del Cusco y demandan adelanto de elecciones. Foto: Wayka

Mañana, jueves 15 de diciembre, el pleno del Congreso analizará las propuestas de adelanto de elecciones que ha recibido, entre ellos un proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

José Williams, titular del Parlamento, citó a la sesión plenaria desde las 10.00 horas del jueves e informó que acudirá el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, “para opinar sobre la reforma constitucional referida al adelanto de elecciones”.

Tello hablará sobre el Proyecto de Ley N 3755, presentado el último lunes por el Ejecutivo, el cual plantea el recorte del mandato presidencial, congresal y de los representantes al Parlamento Andino elegidos en 2021, mediante la incorporación de una disposición transitoria especial a la Constitución Política del Perú, para convocar a nuevas elecciones en abril de 2024.

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Este reciente proyecto se suma a dos iniciativas similares que proponen el adelanto de elecciones generales al 2023, y que fueron presentadas meses atrás por las parlamentarias Digna Calle y Susel Paredes, respectivamente.

Además, Boluarte anunció que planteó que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.

La jefa de Estado remarcó en esta jornada que “legalmente los tiempos calzarían” para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron “reajustes” que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.

Escenarios

De aprobarse la iniciativa de Boluarte, el Congreso solo tendría hasta abril para aprobar leyes que regulen el proceso electoral, pues este sería convocado en junio y la primera vuelta sería en abril del 2024, la segunda vuelta en junio y la asunción de las autoridades al mes siguiente.

La inscripción del padrón electoral y las primarias abiertas y obligatorias son uno de los puntos remarcados por Tello para alegar que el tiempo no alcanzará para que se realicen nuevos comicios en 2023. Con este panorama, está en manos de los legisladores definir si los nuevos comicios se realizan el próximo año o en 2024.

Dina Boluarte señala que las elecciones podrían darse en diciembre de 2023. (Canal N)

Otra alternativa que posibilita un escenario de adelanto de elecciones es la eventual renuncia de Dina Boluarte y la asunción temporal del presidente del Congreso como jefe de Estado. Según el artículo 115 de la Constitución, en este caso, el titular del Parlamento a cargo de la presidencia “convoca de inmediato a elecciones”.

El texto constitucional no precisa si las elecciones deben ser solo presidenciales o generales (presidenciales y parlamentarias a la vez), lo que ha sido materia de controversia y versiones inexactas, como hemos explicado en una verificación anterior.

Plazos

La Ley electoral dice que las elecciones se convocan con un lapso de 270 días. Sin embargo, se podría incluso tener elecciones en 2023, aunque la fecha que maneja la presidenta es 2024.

Para convocar elecciones adelantadas hay que reformar la Constitución y agregar una norma final y transitoria que permita la conclusión anticipada del mandato de las personas que fueron elegidas en 2021 por cinco años y el adelanto de las elecciones generales tanto de presidente como del Congreso.

Al ser una reforma a la Constitución, se requiere votación calificada (87 votos de 130) en dos legislaturas o 66 votos y ratificada en referéndum. Según una reseña de Ojo Público, le corresponde a la Comisión de Constitución y Reglamento dictaminar en 30 días útiles una opinión favorable o desfavorable.

La Mesa Directiva de este grupo de trabajo es presidida por el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), quien realizó un pedido de opinión al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, sobre el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo para el 2024.

En rigor, el proceso continúa en el Consejo Directivo, que se encarga de agendar el proyecto de ley en el pleno. En esta etapa, la iniciativa es debatida por los congresistas y posteriormente sometida a votación para su aprobación o rechazo.

Los pedidos en estas protestas
Los pedidos en estas protestas son muchas, pero la mayoría coincide con el cierre del Congreso y adelanto de elecciones (Malú Ramahí)

Tras la aprobación del proyecto de ley por cualquiera de las vías mencionadas, la Oficialía Mayor del Congreso elabora la autógrafa que será enviada para firma al presidente de la república. El mandatario (a) tiene como plazo 15 días útiles para promulgar la ley a través del diario oficial El Peruano. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación.

Consenso, la clave

José Naupari, abogado en temas electorales, dijo a La República que la única manera de que haya elecciones el próximo año es mediante el consenso. “Pero si no queremos tocar el marco normativo, sería en 2024″, precisó.

Tanto el proyecto de ley del Ejecutivo como los que hay en el Congreso son reformas constitucionales. Solo hay dos caminos para aprobarlas: 87 votos en dos plenos de legislaturas ordinarias distintas o 66 votos en un pleno y luego ser ratificado en referéndum. Sin embargo, en ninguno de esos escenarios, por ahora, hay los votos debido a la gresca en la que se encuentran sumidas las bancadas.

Mientras tanto, miles de personas toman las calles en varias regiones del país para exigir nuevos comicios y la renuncia de Boluarte, quien reemplazó a Pedro Castillo, detenido bajo acusación de rebelión y conspiración por la fiscalía peruana tras un fallido autogolpe.

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