Gobierno declara estado de emergencia en la región Apurímac por 60 días

Mediante el decreto supremo Nº 139-2022-PCM, el Poder Ejecutivo confirmó el estado de emergencia por los próximos 60 días para las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes, de la región de Apurímac. Esta medida fue publicada esta tarde en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Según lo señalado en el artículo 2 del mencionado documento, se advierte que mientras dure el periodo de Estados de Emergencia “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

El siguiente apartado, se refiere a la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las de las Fuerzas Armadas. El mismo refiere que la intervención “se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente”.

En ese sentido, una vez que haya terminado el estado de emergencia, y dentro de los siguientes cinco días, “la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”.

De igual manera, el artículo 5 de este Decreto Supremo se indica que “la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados”.

Por último, este documento es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana; el ministro del Interior, César Cervantes; el ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro.

A pesar que son muchas las voces dentro de la política peruana que cree que este estado de emergencia ayudará a poner un poco de orden en las ciudades mencionadas líneas arriba, lo cierto es que no todos comparten esa opinión.

Una de esas voces es la de la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, quien consideró que este tipo de medidas no ayudan en absolutamente nada para darle punto final a la crisis. Tal como ha quedado demostrado en nuestra historia más reciente.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo usó sus redes sociales para hacer un llamado a la paz para el bienestar de todos nuestros compatriotas.

“Reiteramos que la violencia no es parte del derecho a la protestas y que las intervenciones policiales deben respetar los derechos de las personas”, manifestó.

Tras conocerse la muerte de siete personas, entre dos adolescentes, la institución les pidió a los padres, madres y apoderados que no expongan a sus menores hijos y los mantengan lejos de donde suceden lo hechos para “garantizar su integridad física y evitar exponerlos a hechos de violencia”.

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