Cancillería advierte que Pedro Castillo tomó decisiones que constituyeron un golpe de Estado

A través de un comunicado oficial, publicado en sus redes sociales y en la página web de la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció sobre el mensaje conjunto emitido por un grupo de países sobre la coyuntura política que atraviesa nuestro país.

De acuerdo al escrito revelado hace algunas horas, la Cancillería confirmó que las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones, el pasado miércoles 7 de diciembre, reflejan un golpe de Estado.

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Asimismo, indicaron que de todas las medidas adoptadas por el exjefe de Estado, destacan la decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, así como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras.

Por otro lado, la Cancillería precisó que el mencionado hecho, habría generado la decisión del Congreso de la República de declarar la vacancia de Castillo Terrones en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú.

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También recordaron en el documento oficial, que con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones se logró retirar del cargo al exmandatario peruano, quien actualmente se encuentra detenido por las autoridades correspondientes.

Dentro del contenido del comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, confirma que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República desde el 7 de diciembre.

Otro punto que abordan en el escrito, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el jueves 8 de diciembre lo siguiente: “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”.

Por su lado, dicha entidad internacional reafirmó “que la democracia debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”, por lo cual, la Cancillería mencionó que atendiendo el consenso existente en el Perú, la Presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el cuarto mes del año 2024.

“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana”, precisan en el comunicado la Cancillería.

“Que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, añaden en uno de los párrafos del escrito.

Esta respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, se concretan luego que los gobiernos de Colombia, México, Argentina y de Bolivia emitieron este lunes 12 de diciembre un comunicado conjunto para expresar su profunda preocupación por los recientes sucesos en el Perú.

Según el contenido del documento, los hechos políticos resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, a quien aún se refieren como presidente de la República del Perú. También indicaron que el exmandatario peruano, desde el día de su elección, fue víctima de lo que calificaron como un antidemocrático hostigamiento.

Inclusive explicaron, que este supuesto acto violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica” se utiliza pata ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera del artículo 25 de la mencionada convención.

Antes de finalizar el documento, hicieron un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. “Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, concluyen.

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