El Poder Judicial evaluará la apelación a la detención preliminar contra Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del pasado 07 de diciembre, cuando brindó un mensaje a la nación en el que comunicó la disolución del Congreso.
La audiencia estará a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y está fijada para que inicie este martes 13 de diciembre a las nueve de la mañana. Los jueces evaluarán si se le anula la detención de siete días que se le impuso por el presunto delito de rebelión.
El juez supremo Juan Carlos Checkley admitió a trámite el recurso de apelación de la defensa legal de Castillo, tras determinar que cumplió las formalidades que exige la ley para que sea revisado por una sala superior.
A horas llevarse a cabo la audiencia, el abogado Miguel Pérez Arroyo comunicó a través de sus redes sociales que desistió, junto a su colega María Esther Adriano, de seguir siendo parte de la defensa legal del vacado mandatario.
“El despacho de abogados que represento con buena voluntad aceptó la petición del señor Pedro Castillo para ejercer su defensa. Sin embargo, en las últimas horas hemos sido víctimas de ataques directos por parte su circulo más cercano”, tuiteó.
Continuó: “Sin encontrar alguna respuesta por parte del señor Castillo, ante ello se hace inviable que continuemos con su defensa, por lo que procedo de inmediato hacer desistimiento absoluto de la defensa que hasta el momento estuvimos ejerciendo”.
En referencia al Tweet anterior... pic.twitter.com/ATraZjwfhR
— Miguel Pérez Arroyo (@miguelperezof) December 12, 2022
Pérez Arroyo también compartió el oficio cursado a la Corte Suprema para informar de esta decisión “irrevocable”, en concordancia con sus principios éticos de “rechazo absoluto” a cualquier tipo de violencia y el “apego” al modelo del Estado democrático.
Primera instancia
Tras una audiencia virtual, el Poder Judicial aprobó -en primera instancia- el pedido fiscal y dictó siete días de detención preliminar contra Pedro Castillo, además de declarar como válida la intervención policial que permitió su captura poco después del golpe de Estado.
En el mensaje a la nación, el exmandatario no solo dispuso la disolución del Congreso, sino también un gobierno de excepción con un toque de queda y reformas en el sistema de justicia.
Sobre Castillo, además, pesa una denuncia constitucional que presentó la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ante el Congreso.
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