Defensa de Pedro Castillo demandó al Estado ante la CIDH y exige su inmediata restitución

La situación de Pedro Castillo dio un giro inesperado desde la mañana del 7 de diciembre, fecha en la que emitió su último Mensaje a la Nación, declarándose un autogolpe de Estado que no fue respaldado por sus ministros ni representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales del país. Tras su detención, y orden de prisión preventiva en su contra, se ha ido conociendo sus actos y diálogos con autoridades antes de que sea despojado del puesto.

En las últimas horas se ha dado a conocer una información por parte de la defensa del exmandatario, la cual busca que sea puesto en libertad, una exigencia a la que también se han sumado grupos de pobladores, quienes lo respaldan y no reconocen a Dina Boluarte como la nueva presidenta del Perú.

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Una publicación de diario La República precisa que la abogada María Hurtado Ambrosio, en representación de Pedro Castillo, demandó al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo en el escrito que se restituya, de manera inmediata, al expresidente en el cargo del que fue vacado por el Congreso de la República.

“A la fecha, han ordenado su detención arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fuera elegido democráticamente. La única esperanza es que esta CIDH atienda está solicitud de manera urgente, declare fundado y ordene reponer en su cargo de presidente”, señala el medio de comunicación nacional que tuvo acceso al documento de la defensa.

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Según datos que maneja LR, para Hurtado Ambrosio se vulneraron los derechos relacionados a la libertad y alerta sobre un “supuesto obstruccionismo” por parte del Congreso, además de una presunta persecución política ejecutada por la Fiscalía, a cargo de Patricia Benavides.

La plataforma de noticias que accedió a la denuncia interpuesta resalta que, para los abogados, la fiscal “amenazó y creo un equipo especial para investigar al presidente, violando el artículo 117 de la Constitución Nacional del Perú”.

El expresidente paso a calidad de detenido por el presunto delito de rebelión, de acuerdo a las primeras acciones de la Fiscalía. Este criterio de decisión fue por quebrantar el orden constitucional, luego de disponer el cierre temporal del Congreso de la República en su último Mensaje a la Nación que brindó a la población desde Palacio de Gobierno.

“La diligencia en contra del exmandatario se desarrolló en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Asimismo, se dispuso a realizar el reconocimiento médico legal sobre el estado de salud actual de Pedro Castillo, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público”, indica el escrito oficial publicado en El Peruano.

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