Ministerio Público investiga si Pedro Castillo ordenó detener a la fiscal de la Nación luego del autogolpe

Tras el fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, el Ministerio Público ya inició las investigaciones sobre un trascendido en torno a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y una supuesta orden de detención en su contra poco después de la decisión del Ejecutivo.

Castillo Terrones atentó contra el orden constitucional del Perú, el pasado miércoles siete de diciembre, tras anunciar mediante un mensaje a la Nación que disolvería el Congreso de la República. El pronunciamiento se produjo horas antes del debate de la vacancia en su contra en el Pleno.

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Ahora, el profesor chotano se encuentra detenido preliminarmente, durante siete días, investigado por el presunto delito de rebelión que se sanciona hasta con veinte años de prisión.

Sobre la orden de posible detención contra Benavides Vargas, un reporte de El Comercio indicó que la investigación sobre el tema forma parte de las pesquisas seguidas por la Fiscalía. La tesis del Ministerio Público indica que Castillo intentó adoptar esta acción a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

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En el anuncio oficial del ex Jefe de Estado se mencionó una reestructuración de diversos poderes del Estado, entre ellos, el Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. “(Se realizará) una reorganización del sistema nacional de Justicia”, señaló.

En el transcurso del día, posterior a este comunicado a nivel nacional, no se registraron actividades que dieran cuenta de interferencias en las citadas instituciones. Por el contrario, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional aseguraron que no respaldarían un perjuicio al orden democrático del Perú.

El expresidente fue detenido por agentes de Seguridad del Estado cuando se dirigía a la embajada de México en el Perú, ubicado en San Isidro, poco después de su mensaje a la Nación.

Castillo Terrones se encontraba acompañado de su expremier Aníbal Torres, reemplazo por la congresista oficialista Betssy Chávez en el último Gabinete Ministerial de esta gestión, al interior de un vehículo gris.

El auto fue interceptado por otros vehículos policiales y se procedió al traslado del investigado por rebelión a la Procuraduría. Hasta allí llegó la máxima representante del Ministerio Público, Patricia Benavides Vargas, y la fiscal coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto.

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Más tarde ese día, el mandatario mexicano Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que, en efecto, Castillo llamó a su oficina para solicitarle que le “abrieran la puerta de la embajada” mexicana.

“Habló para avisar que iba hacia allá, pero que eguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo, que si le abría la puerta. (Pedí) que se aperturara la embajada con apego al asilo, pero al poco tiempo la tomaron, con policías y con ciudadanos, y creo que ni se pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, manifestó.

Sobre el tema, la actual presidente Dina Boluarte indicó que se mantendrá “dentro del marco legal”, por ello, destacó que “lo que diga el derecho de asilo para el expresidente (Castillo) y su familia (la exprimera dama Lilia Paredes, sus hijos y otros) lo tendrá que validar el Gobierno mexicano”.

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