El abogado Ronald Atencio anunció este viernes que asumirá la defensa legal de Pedro Castillo, detenido y acusado de rebelión tras perpetrar un autogolpe.
“Personalmente, me ha pedido que asuma la defensa legal. Desde este momento me voy a poner a plantear la estrategia para poder obtener la libertad del que hoy consideramos un preso político”, sostuvo desde la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde Castillo fue trasladado en helicóptero para cumplir siete días de detención preliminar por orden del juez supremo Juan Carlos Checkley.
“El expresidente ha tenido bien abrirnos la puerta de Palacio y hoy que se encuentra en un momento difícil no vamos a dejarlo”, señaló Atencio y añadió que presentará una estrategia legal para lograr su libertad.
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Checkley evaluó el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien retenido en el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.
En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.
Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.
En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.
Medidas
El Ministerio Público anunció el miércoles el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el exmandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete. La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
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