Poder Judicial decidirá pedido de detención preliminar para Pedro Castillo dentro del plazo de ley

Concluyó la audiencia. El Poder Judicial sostuvo que escuchó las todas las partes durante la audiencia: los argumentos del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado; y la defensa técnica del investigado Pedro Castillo.

El juez Juan Carlos Checkley expresó que la resolución será dictada dentro del plazo de ley, la cual será notificado a sus respectivos correos electrónicos.

Aníbal Torres, defensa de Pedro Castillo, argumentó que la Fiscalía no precisa los delitos que ha cometido el expresidente y, por lo tanto, está vulnerando el principio de legalidad.

La Procuraduría General del Estado informó que Pedro Castillo tenía un plan de fuga con destino a México, ya que después del autogolpe se había comunicado con la embajada de ese país para solicitar asilo político.

Castillo Terrones debe afrontar las acusaciones en su contra por el presunto delito de rebelión, previsto en el Código Penal con una pena no menor de 10 años ni mayor de 20.

Pedro Castillo dijo que el expremier Aníbal Torres lo asistió al momento que lo detuvieron el último miércoles. Pese a que el juez le pidió más explicaciones, el exjefe de Estado no quiso contestar y se sometió a lo que diga su defensa.

“Aquí se está violando flagrantemente el principio de legalidad. El señor representante del Ministerio Público ha dicho varias cosas y no acreditó los dos delitos que, supuestamente, habría cometido Pedro Castillo”, dijo el abogado defensor del exmandatario, el expremier Aníbal Torres.

La Fiscalía expuso que el expresidente Pedro Castillo al disolver el Congreso de la República lo hizo sin ningún fundamento jurídico vulnerando el orden constitucional porque también había convocado a las Fuerzas Armadas.

El representante del Ministerio Público aseguró que se debe dar una detención preliminar contra Pedro Castillo porque, además de disolver el Parlamento, tenía la intención de fugar a México.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tendrá una audiencia hoy desde las 10 de la mañana con el fin de evaluar el requerimiento de la Fiscalía de la Nación para que el expresidente de la República, Pedro Castillo, tenga detención preliminar tras el fallido autogolpe de Estado que quiso ejecutar ayer en Perú. El encargado de hacerlo será el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, en representación de Patricia Benavides.

El Ministerio Público dispuso anoche abrir una investigación preliminar y realizar una serie de diligencias contra Castillo por haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en los artículos 346 y 349 del Código Penal. Por ambos ilícitos, el maestro rural podría purgar hasta una condena de 20 años de prisión.

En el Título XVI del capítulo I del documento, referente a acciones que atentan contra el Estado y orden constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.

La prueba contundente que se tiene contra Castillo es el mensaje a la Nación que millones de peruanos pudimos ver y escuchar. “Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se convocarán elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución con un plazo no mayor de 9 meses”, expuso el exmandatario.

Tras la cuestionada decisión, el Congreso de la República vacó por 101 votos a Castillo. Además, instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo condenaron este acto que destruyó la institucionalidad.

Además, los ministros y abogados de Castillo renunciaron en pleno dejándolo solo en la aventura golpista. El gesto político más impactante fue el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no avalaron el quiebre de la Carta Magna.

En un comunicado, señalaron que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 114 de la Constitución Política establece que el presidente de la República está facultado de disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, agrega. “Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones legalmente establecidas”, cierra el documento.

Con ello, Castillo quedó sin peso político y, por ello, se ordenó su captura cuando buscaba dirigirse a la embajada de México para solicitar asilo político para él y su familia, pero no lo logró. Fue intervenido y llevado a la Prefectura de Lima, donde llegó la fiscal de la Nación Patricia Benavides y otras autoridades del Ministerio Público.

El expresidente pasó la noche en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, donde se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000). Según Canal N, Castillo iba enmarrocado y en medio de un fuerte cordón de seguridad dentro de un helicóptero. El ex primer ministro Aníbal Torres lo asiste legalmente.