Los vínculos del golpe de Estado de Pedro Castillo y el plan de gobierno de Perú Libre

El expresidente Pedro Castillo tomó la radical decisión de tentar un golpe de Estado que desconocía lo estipulado en la Constitución Política del Perú. Sin embargo, su deseo de convocar a una Asamblea Constituyente, promover una reforma del sistema de justicia y el Tribunal Constitucional son ideas que viene promoviendo desde las elecciones generales del 2021, la misma en la que participó promoviendo el ideario de Perú Libre.

En dicha publicación, al igual que lo anunciado por el exmandatario, se insiste en la convocatoria de una asamblea constituyente. “Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, la brega por una Constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva CPP debe redactarse mediante una Asamblea Constituyente”, se lee en el documento.

Al igual que Pedro Castillo en su discurso, el ideario de Perú Libre aborda el problema de corrupción en el Estado. El texto señala que el “neoliberalismo está diseñado para facilitar el saqueo y explotación de los pueblos (...) Esto nos permite concluir que si no cambiamos el modo de producción en el país, la corrupción seguirá campeando y este intento pasa por el cambio de Constitución Política”.

Entre las reformas difundidas por Perú Libre se menciona la eliminación de la inmunidad política. El ideario hace mención a la existencia de cuatro tipos de inmunidad, escudos bajo los cuales “se blindan congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, vocales supremos, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, (entre otros)”. La mayoría de estos fueron criticados por Castillo en su mensaje a la Nación.

Durante los dieciséis meses de gobierno, Pedro Castillo sumó siete investigaciones fiscales en su contra y una denuncia constitucional impulsada por el Ministerio Público. Durante ese periodo de tiempo, junto al resto de miembros del Ejecutivo, cuestionó la labor de los funcionarios que lo investigaban e intentó frenar su labor. Por ello, no resultó sorpresivo su llamado a reformar el sistema de justicia, el mismo que atendía los cuestionamientos a su presidencia.

En el capítulo quince del plan de gobierno de Perú Libre, el mismo que defendieron el expresidente y la hoy jefa de Estado, se menciona la propuesta de elegir y revocar a altos magistrados a través del voto popular. Esto generaría que las autoridades del Poder Judicial estén legitimadas por la población, sean autónomas frente al poder política y despartidarizada. “Los mecanismos de elecciones deben precisarlo el Legislativo o la Asamblea Constituyente”, sostiene el ideario.

Pedro Castillo envió un mensaje a la Nación este miércoles siete de diciembre y anunció la disolución del Congreso de la República.

El investigado por el Ministerio Público minimizó las acusaciones en su contra, que fueron en aumento en los últimos días de parte de exfuncionarios como José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y se adelantó de esta manera a la votación agendada para la vacancia presidencial en esta misma fecha.

“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho. (...) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, afirmó.

Durante su discurso, Castillo Terrones deslegitimó a distintas instituciones del Estado, entre ellas, el máximo representante de la Constitución. “El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional”, manifestó.

Castillo también anunció un “reordenamiento” de diversas entidades del Estado Peruano.

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