Las últimas 24 horas de Pedro Castillo en el poder: malas decisiones y un autogolpe que lo llevó al desafuero

El martes 6 de diciembre, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, ingresaba a los estudios de Panamericana TV. Enfundado en saco y corbata, el exdetenido se aprestaba a sacudir el futuro de Pedro Castillo con unas revelaciones que trastocaron la ya agitada agenda política, centrada en el debate y la votación en el pleno del Congreso de la moción de vacancia presidencial.

Quien había sido el hombre clave de inteligencia del Gobierno hizo graves acusaciones en contra del mandatario, sus ministros y altos funcionarios de su entorno, a quienes involucró sin condicional en casos de corrupción y encubrimiento. “Las lágrimas de mi hijo no se las voy a perdonar”, advirtió Latorre.

“Al señor presidente le he advertido de todos los actos ilícitos que venían ocurriendo a través de las personas que él brindó confianza: Bruno Pacheco, Alejandro Sánchez, Rubdel Oblitas (sobrino del presidente Pedro Castillo), todos los que estuvieron aprovechándose de los recursos del Estado”, continuó.

Te puede interesar: Pedro Castillo sería trasladado a la sede de Diroes, donde se encuentra Alberto Fujimori

“Y el señor Bruno Pacheco acusaba a Sánchez de cómo él importaba el mercurio rojo para extraer el oro aquí en el Perú, eso se le dio a conocer al presidente”, agregó.

Sobre el sobrino del mandatario, Rubdel Oblitas, Fernández Latorre aseguró que este le solicitó “100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje, en un medio de comunicación, donde le iban a sacar a su tío (Pedro Castillo) y que los necesitaba de manera urgente”.

“Le di a conocer (a Castillo) actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios, a través de sus sobrinos, Jaime Vásquez y Fray. Un día recibo un mensaje con la palabra ‘atiéndalo’ y me envía un contacto, el Sr. Presidente, de su sobrino Oblitas”, indicó Fernández Latorre.

Las revelaciones crisparon el ambiente político. Y devinieron en un mensaje a la Nación inusual la noche del martes, donde Castillo —ahora detenido por sedición y rebelión— indicaba que no era corrupto y que defendería la moción de destitución presentada en su contra.

No fue lo único. Aseguró que, “a lo largo de los 17 meses de gestión” que lleva, “cierto sector del Parlamento tuvo como único punto de la agenda” destituirlo del cargo, “porque nunca aceptaron los resultados de una elección” que el año pasado le permitieron derrotar en segunda vuelta a Keiko Fujimori.

Y agregó que la tercera moción de destitución que afrontará se basa “en dichos de terceros” y que personajes de su entorno más cercano “abusaron” de su confianza e intentan involucrarlo “sin pruebas” en actos de corrupción.

A la mañana siguiente, este 7 de diciembre, Castillo salió en televisión nacional a brindar otro mensaje, esta vez más insólito, en el que disolvió el Congreso e instauró un gobierno de emergencia, horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución. Leyó el pronunciamiento casi temblando y con la voz entrecortada.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú rechazaron la decisión de Castillo y señalaron que acatarán la Constitución. Desde entonces, se produjo una ola de dimisiones en el gobierno con la renuncia de los ministros de Trabajo, Exteriores, Economía, Justicia y Defensa (aunque este último cita motivos personales).

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a “la ruptura (...) del orden constitucional”.

“A partir de hoy, Castillo está en la triste fila de los dictadores”, dijo el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). Castillo abandonó la residencia de Palacio junto a su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos. Posteriormente, la comitiva presidencial ingresó a la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la Av. España, donde fue detenido en flagrancia por la Policía y la Fiscalía del Perú.

El Ministerio Público confirmó que fue intervenido en la prefectura de la Policía de Lima, en compañía del exprimer ministro Aníbal Torres, por el delito de rebelión, el cual está regulado en el artículo 346 del Código Penal.

Alternativamente, el Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal), que dispone “pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”.

Casi en paralelo, el Congreso lo destituyó por “incapacidad moral” y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.

Boluarte era una desconocida en la escena política hasta que la sorpresiva victoria electoral de Pedro Castillo, en julio de 2021, la sacó del anonimato. Casi un año y medio después se convirtió este miércoles en la primera mujer en presidir Perú tras la destitución por “incapacidad moral” del mandatario izquierdista.

Abogada y madre de 60 años, fue una de las caras más resaltantes del gobierno desde que asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que ejerció —a la par de la vicepresidencia— desde el inicio de la gestión de Castillo hasta hace dos semanas.

Tras jurar al cargo como presidenta, la primera mujer de la historia en ocupar esa distinción, se reunió con los representantes de distintas instituciones de la Nación, incluida la Iglesia católica, para insistir en que es el momento de “trabajar en unidad” para cerrar las brechas y desarrollar el país.

Con “sencillez y humildad”, Boluarte dijo que trabajará para “poder hacer que el Estado llegue ahí con las personas más vulnerables”, quienes dice que no pueden sufrir las consecuencias del enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

SEGUIR LEYENDO