El peor error de Pedro Castillo

El Perú amanece este 8 de diciembre con un nuevo presidente, el sexto en seis años de crisis que no tiene cuándo terminar. Pedro Castillo acabó 495 días de gobierno con un verdadero ‘suicidio’ político al dar un autogolpe de Estado en el que intentó disolver el Congreso y tener el control absoluto de los Poderes del Estado.

Minutos antes del mediodía del miércoles 7 de diciembre, Castillo Terrones aparecía en televisión nacional para dar un mensaje a la Nación. Tembloroso y casi sudando en frío el destituido presidente dio los anuncios que fueron la excusa suficiente para que el Parlamento nacional encendiera las alertas.

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo Castillo

“Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”, señaló.

Esta acción fue calificada por todos los poderes del Estado como ‘golpe de Estado’. La primera en salir al frente fue la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien rechazó de “manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.

Lo hecho por el inexperto profesor fue comparado con el autogolpe que diera hace 30 años el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

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El anuncio de Pedro Castillo lo dejó inmediatamente solo. Las Fuerzas Armadas le dieron la espalda y no apoyaron su proceder. La mayoría de sus ministros renunciaron inmediatamente de manera irrevocable y los que eran los más fervientes defensores del profesor chotano lamentaron que haya tomado una decisión individual y sin consultar a su Consejo de Ministros, mucho menos la PCM.

“Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo”, dijo Alejandro Salas, renunciante ministro de Trabajo.

“Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas”, dijo por su parte el extitular de Economía, Kurt Burneo.

En cuestión de minutos, once ministros marcaron distancia de las decisiones de Castillo. Prosiguieron embajadores y representantes del Perú ante la OEA y la ONU.

Pero la premier Betssy Chávez; la ministra de Salud, Kelly Portalatino; entre otros políticos cercanos al gobierno izquierdista no presentaron su renuncia sino hasta que el Parlamento Nacional votando por la vacancia presidencial de Castillo por incapacidad moral permanente.

El destituido presidente peruano enfrentaba el miércoles 7 de diciembre un tercer pedido de vacancia presidencial. El Poder Legislativo se prestaba a preparar la sesión para horas de la tarde. Hasta antes del mensaje a la Nación, no se contaban con los votos para que esta moción tuviera éxito y todo hacía pensar que el exjefe de Estado saldría airoso de este proceso.

Sin embargo, las graves confesiones del exjefe de asesores del ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, ante la Comisión de Constitución precipitaron las acciones de Castillo.

Marrufo confesó que se le entregaban montos de 50 mil soles a Pedro Castillo para que mantenga en el cargo a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda. “Estas sumas eran entregadas por Alvarado en nueve oportunidades después de cada Consejo de Ministros, usualmente fines de mes o inicios de mes. 450 mil soles por este concepto”.

Agregó que le entregó personalmente a Pedro Castillo 100 mil soles y que tiene registros telefónicos de conversaciones con él y su familia.

Previamente, el exjefe de la DINI denunció en televisión nacional de Castillo Terrones sabía de los actos de corrupción de sus sobrinos y del exministro prófugo, Juan Silva. Lo acusó de encubrir y de hacer todo lo posible para que la justicia no encuentre a sus familiares, mucho menos al extitular MTC.

Fuentes de Palacio indican que estas declaraciones pusieron nervioso al expresidente, quien mantuvo reuniones de emergencia con sus asesores, parte de su gabinete, Aníbal Torres y otros personajes allegados a su gobierno.

Pero fue hoy que Pedro Castillo tomó la decisión personal, y sin escuchar los consejos de sus ministros, de dar un mensaje a la Nación.

Aníbal Torres, su fiel exjefe de la PCM, nunca se apartó de su lado y, muchos acusan de ser el ‘cerebro’ detrás de la lamentable decisión que tomó el exmandatario.

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Tdo acusado de varios delitos por su intento de golpe de Estado en el Perú, por ello antes de llegar a la embajada de México junto a su familia, la exautoridad peruana fue detenido y traslado hasta la Prefectura de Lima.

Hasta ese lugar llegó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien dispuso “iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de Presidente, por presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado (art. 346° del Código Penal)”.

“Y, alternativamente, por la presunta comisión de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal)”, anunció el Ministerio Público.

Horas más tarde, Pedro Castillo enmarrocado fue conducido en helicóptero hasta la sede de la Diroes, donde pasará los días de su prisión preliminar hasta que un juezz decida si aprueba el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva.

Curiosamente, en esta misma prisión se encuentra internado el también expresidente Alberto Fujimori.

Pedro Castillo prometió “un país sin corrupción” y “no más pobres en un país rico”, pero terminó sucumbiendo al lado oscuro del poder, al igual que sus antecesores: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Manuel Merino y el fallecido Alan García. Todos acusados de corrupción y de haber recibido exhorbitantes sumas de dinero a cambio de obras millonarias.

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