En el ojo de la tormenta. Rudbel Oblitas, sobrino del presidente Pedro Castillo, ha sido mencionado por José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), como uno de los integrantes de una presunta una organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
El exfuncionario, que fue detenido preliminarmente por un periodo de siete días, narró que Oblitas le pidió una suma de cien mil soles para supuestamente evitar la emisión de un reportaje sobre su tío. Según contó Fernández en diálogo con Panamericana TV, el familiar de Castillo llegó junto a Walter Ayala, exministro de Defensa, y Henry Shimabukuro, implicado en el caso Gabinete en la Sombra.
Fernández negó entregarle dicho monto a Oblitas y añadió que este también le pidió medio millón de dólares para “contratar a un asesor de procedencia rusa, con conocimiento de inteligencia, que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares”.
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No es la primera vez, sin embargo, que el nombre de este sujeto aparece en medio de una investigación contra el mandatario.
Rudbel Oblitas está incluido en la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre último. La tesis del Ministerio Público imputa a Castillo Terrones el liderazgo de una presunta organización criminal, así como los supuestos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
Oblitas está implicado como parte del llamado brazo familiar del aparente grupo criminal. La hipótesis sostiene que este operó en cuatro entidades del Estado: Petro-Perú; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Defensa (Mindef).
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Sobre su rol en la organización, la Fiscalía lo acusa de “coordinar y direccionar los procesos de contratación”, en la cartera de Vivienda, sobre una obra en la región Amazonas donde “se habría comprometido a acelerar el trámite” en esa institución.
En el referido proyecto, según se lee en el documento, también están implicados la primera dama, Lilia Paredes; José Nenil Medina y Carlos Cabrera.
Impedimento de salida del país
El juez Juan Manuel Chuyo Zavaleta declaró fundada la solicitud del Ministerio Público y ordenó los cuatro meses de impedimento de salida del país, el último 27 de mayo, contra Rudbel Oblitas.
El pedido de la Fiscalía se realizó en el marco del caso Puente Tarata, donde Oblitas también está señalado como presunto responsable. La fiscal Karla Zecenarro sustentó el requerimiento debido a la calidad de testigo que tenía el sobrino del Jefe de Estado.
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Anteriormente, Karelim López aseguró que Oblitas, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez (también sobrinos del mandatario) tenían relación directa con Zamir Villaverde, empresario detenido bajo la figura de colaboración eficaz.
Según López, los mencionados recibieron distintas dádivas de parte de Villaverde, entre ellos, vehículos. Sobre este tema, José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, comentó a Exitosa el último martes siete que Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, le confesó algo similar.
“Pacheco lo tenía referenciado a Villaverde. Me decía ‘por si acaso, mira con quién están andando los sobrinos. Están que los endulzan, le ponen carros, mujeres, tragos, departamentos. Están que hacen sus negociados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, comentó.
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