
Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional (TC), remarcó este martes que el presidente Pedro Castillo está imposibilitado de cerrar el Parlamento, si se rechaza una eventual segunda cuestión de confianza tras la elevada por el expremier Aníbal Torres a mediados de noviembre.
De acuerdo a la Constitución, el jefe de Estado está facultado a cerrar el Parlamento en el caso de que el pleno le niegue el voto de confianza en dos ocasiones consecutivas. El gobierno de Castillo ha asumido que la primera solicitud fue rechazada, con lo cual necesitaría solo una segunda negativa.
Sin embargo, Castillo no podría ejecutar la medida “porque están suspendidos los efectos” hasta que el TC resuelva “el tema de fondo”, es decir, “quién interpreta, quién tiene la competencia para decidir si es que hay una denegación de la cuestión de confianza para los efectos del artículo 134, porque ese es el tema de fondo allí, la disolución del Congreso”, dijo Morales Saravia en una entrevista con El Comercio.
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“La historia nos enseña que la situación de la denegatoria de confianza para los efectos del artículo 134 (de la Constitución) que es el que permite disolver constitucionalmente el Congreso, eso nunca se había dado. Solo se dio en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. (...) Si va a haber una disolución, tiene que ser constitucional y por eso es que hemos dicho, un momento, hasta que resolvamos esta controversia, se evaluará”, continuó.

Betssy Chávez ha indicado previamente que el Ejecutivo no desea “ni cierre (del Congreso), ni vacancia (presidencial)”, después de que una nueva moción de destitución de Castillo se presentó el martes ante el Legislativo por “permanente incapacidad moral”.
Se trata del quinto en 16 meses de gobierno, en los que ha enfrentado dos intentos de destitución desde el Parlamento y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía peruana por presunta corrupción.

Primer pedido de confianza
Torres dijo que el proyecto del Gobierno “restablece la participación política del pueblo” mediante la eliminación de los límites al referéndum que establece la Ley 31399 y, por ese motivo, plantea una “cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros”.
El expremier expuso los fundamentos del proyecto y su “necesidad para la viabilidad política del gobierno”, ya que consideró que la ley existente “desnaturalizó uno de los derechos más relevantes” de la Constitución, que es la posibilidad de convocar a un referéndum como “una de las bases del estado democrático de derecho”.
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