Aunque un sector político invocó este miércoles a que la nueva presidenta del Perú adelante las elecciones generales, las primeras palabras de Dina Boluarte en su mensaje a la Nación evidenciaron lo contrario.
Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, se convirtió este miércoles en la primera jefa de Estado al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Castillo.
En su primer discurso al país, enfundada en un sastre amarillo, Boluarte aseguró que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.
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“Yo, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, juro por Dios y por la Patria y por todos los peruanos en el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República”, dijo al tomar juramento.
La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por “permanente incapacidad moral”.
El politólogo Gonzalo Banda, en tanto, dijo a la BBC que Boluarte tiene credenciales para asumir el cargo, aunque no será fácil que logre el apoyo de los partidos que tienen el control del Congreso. “Tenemos un Parlamento con mayoría opositora al partido Perú Libre. Ella necesita los votos de congresistas con los cuales se ha distanciado y del resto de las fuerzas para conseguir algunos avances”, dijo Banda.
“Boluarte buscará gobernar hasta 2026, pero no tiene bancada ni aliados claros. Habrá que ver quienes son ese gabinete de ‘todas las sangres’, si realmente se le concede una tregua y si sabe usarla para aportar a la estabilidad y el diálogo”, tuiteó, por su parte, la politóloga Paula Távara.
Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.
Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que “no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres” y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.
En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.
Autogolpe
Tras el mensaje de Castillo a la nación en el que ordenaba disolver los poderes legislativo y judicial y convocaba una constituyente, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.
Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de “perpetrar el quiebre del orden constitucional” y añadió que se trató de “un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
Castillo abandonó el Palacio Presidencial y se dirigió a la Prefectura de Lima con su custodia policial. Imágenes difundidas por la administración de justicia peruana lo mostraron sentado en un sillón rodeado de fiscales y policías.
Fue detenido este miércoles en flagrancia, en compañía del exprimer ministro Aníbal Torres, por el delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal.
En el Título XVI del capítulo I, en referencia a acciones que atentan contra el Estado y Orden Constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.
El paradero de su esposa e hijos es desconocido en medio de rumores de un asilo en la embajada de México en la capital peruana.
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