La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la disolución del Congreso de la República y pidió la “inmediata renuncia” al presidente Pedro Castillo porque “directamente destruyen todo espacio de democracia en la que voces distintas puedan encontrarse y la ciudadanía verse representada”.
El órgano constitucional autónomo explicó en un comunicado que “Luego de varios años de democracia, el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene otra denominación que un golpe de Estado”.
“Al señor Pedro Castillo, su inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento del artículo 45 de la Constitución al haberse arrogado el poder que solo pertenece al pueblo. El señor Castillo debe recordar que no solo él fue elegido como Presidente de la República sino que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Sus actos desconocen la voluntad del pueblo y son nulos de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución”, agregó.
La Defensoría invocó al Congreso de la República que aplique los artículos 99 , 100 y 117 para efectos de declarar la responsabilidad del presidente de la República en razón de los actos que han dado lugar a este pronunciamiento.
En el artículo 117 de la Constitución se indica que el presidente de la República “sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
En los artículos 99 y 100 del texto constitucional se establece la figura del “juicio político”, que precisamente atiende a dicha finalidad al separar de la función pública a aquellos sujetos que han incurrido en una grave infracción a los mandatos constitucionales, por lo que “corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”; en este caso sería Pedro Castillo.
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención de las Fuerzas Armadas como una “la obediencia irrestricta al orden constitucional que legitima sus actos y del cual han sido respetuosos como instituciones ejemplares de nuestra democracia, la cual defienden con sus vidas”.
Además, le recordó a las FF.AA que “no existe deber de obediencia frente a un gobierno usurpador, por mandato del artículo 46 de la Constitución”.
Por su parte, pidió a la ciudadanía que mantenga la calma, sobre todo, porque el autogolpe de Estado de Pedro Castillo supone un “gravísimo peligro para los derechos humanos y las garantías que la Constitución establece podrían no estar disponibles en todos los lugares”.
La Defensoría del Pueblo exigió a la comunidad internacional no reconocer el gobierno de Pedro Castillo porque ha “roto todo parámetro constitucional” y desconoce “los estándares internacionales de democracia y defensa de derechos humanos”.
“Reiteramos a la ciudadanía que la Defensoría del Pueblo mantiene sus plenas funciones de protección de los derechos humanos a nivel nacional y en defensa de la democracia y la constitucionalidad en el país”, concluyó.
Disolución del Congreso
El presidente Pedro Castillo anunció este miércoles que disuelve el Congreso e instaura un gobierno de emergencia, y convocará " en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.
Después de unos minutos del comunicado de la primera autoridad del Perú, varios ministros presentaron su renuncia, así como el abogado defensor del jefe de Estado, Benji Espinoza, por la “ruptura del orden constitucional”.
El anuncio de Pedro Castillo llega después de 30 años del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso de la República el 5 de abril de 1992.
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