Nuevo escándalo en el Gobierno de Pedro Castillo complica su situación a puertas de una tercera vacancia presidencial

El presidente Pedro Castillo vuelve a enfrentar una grave acusación con solo 16 meses en el poder. El exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), José Luis Fernández Latorre, reveló detalles sobre un posible encubrimiento ilegal que el mandatario peruano habría ejercido con su entorno más cercano para proteger a sus sobrinos, Jaime y Fray Vásquez Castillo, y al exministro de Transportes, Juan Silva, quienes son acusados de recibir fuertes cantidades de dinero a cambio de beneficiar a empresarios con millonarios contratos con el Estado.

Fernández Latorre dio a conocer que el Jefe de Estado sí tenía conocimiento de todo los actos irregulares que hacían sus familiares porque él mismo se lo reveló. Incluso, manifestó que otro de sus familiares, Rubdel Oblitas Paredes, llegó hasta su despacho para pedirle 100 mil soles (USD 25 mil) y luego un millón de dólares, “porque quería contratar a un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares”.

Igualmente, dio a conocer un audio en el que el exsub secretario de Palacio de Gobierno y exmiembro del ‘Gabinete en la sombra’, Beder Camacho, nombró a ministros y exfuncionarios del gobierno de Castillo que ayudaron en la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes acusado de ser parte de una organización criminal dentro del MTC y de recibir millonarios pagos para el otorgamiento de obras millonarias. Castillo Terrones, como en anteriores ocasiones, ha preferido optar por el silencio.

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Estas graves declaraciones saltan a la luz a puertas del debate de una tercera vacancia presidencial que se realizará en el Congreso de la República este miércoles 7 de diciembre y al cual Castillo no ha confirmado su presencia ni la de su defensa legal.

Desde el Parlamento peruano, voces de diversas bancadas han manifestado que no apoyarán esta nueva moción para remover al presidente del poder, pero esta nueva denuncia podría cambiar el destino de los votos (87) que se necesitan para desaforar al profesor chotano de Palacio de Gobierno.

Pedro Castillo es investigado por supuestos delitos de corrupción y ser parte de una presunta organización criminal dirigida con sus familiares y altos funcionarios de su gobierno desde el MTC y Palacio de Gobierno.

En total son seis investigaciones en lo que va de su mandato, todas a cargo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Además, Castillo Terrones ha sido investigado junto a su esposa por supuesto plagio en la tesis de maestría.

Otro de los delitos que se le acusa al presidente de estar involucrado en el caso Puente Tarata III y ser cabecilla de una organización criminal tráfico de influencias y colusión agravada. También está involucrado en el caso de los ascensos en las FF.AA. por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

A días de cumplir su primer año en el poder, Castillo fue acusado de realizar cambios perjudiciales en el sector interior tras ser acusado de encubrir la fuga de sus sobrinos y del exministro Juan Silva. Asimismo, Mariano González denunció que el Jefe de Estado lo sacó luego de nombrar el equipo especial de PNP que ayudaría a la Fiscalía en las investigaciones en su contra.

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Los otros dos delitos del que se le acusa al mandatario peruano es el de tráfico de infliencias en agravio del Estado por el caso Petroperú, donde la tesis fiscal señala que ha intervenido a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators, del empresario Samir Abudayeh, quien hace unos días fue detenido preliminarmente.

Pedro Castillo y su defensa ha tratado de deslegitimar las investigaciones a través de sus redes sociales o de su voraz defensa ejercida por los abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.

Con estas seis carpetas fiscales en proceso de investigación, la fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso con la finalidad que el Parlamento le otorgue la autorización para procesar a Castillo Terrones mientras ostenta el cargo de presidente de la República.

El abogado constitucionalista Heber Campos consideró que este paso de la Fiscalía debe ser evaluada detalladamente por el Parlamento peruano, pues el artículo 117 de la Constitución Política no contempla como causal de acusación hacia el jefe de Estado actos de corrupción.

“Fuera de esos supuestos, la Constitución y concretamente ese artículo no permiten acusar constitucionalmente al presidente durante su mandato. Entonces, me parece que ahí ya hay un un escollo muy grande que el Congreso tendrá que resolver en su momento”, recalcó.

Aníbal Quiroga señaló a Infobae que la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación es válida por contar con los medios probatorios necesarios para emplear una acusación contra el presidente. “El Ministerio Público en general es titular de la acción penal, entonces es dueño de la acusación penal y por lo tanto tiene el mandato constitucional de perseguir prevenir y buscar la sanción de los responsables [...]”

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