Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva denuncia contra Dina Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió archivar la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte por presuntamente haber infringido el artículo 126 de la Constitución al realizar gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Gobierno de Pedro Castillo.

Con 13 votos a favor y 8 en contra, se aprobó la recomendación del congresista Edgar Reymundo (Juntos por el Perú - Cambio Democrático) de desestimar de acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública a la exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entre los que respaldaron este punto estuvieron integrantes de Acción Popular: Luis Aragón, Wilson Soto y José Arriola.

Durante la sesión en la SAC, Reymundo argumentó que el artículo 126 no puede tener una apreciación aislada respecto a la posibilidad de que Boluarte haya realizado una gestión de intereses y dirección a favor de un club privado en particular. Por esa razón, agregó que esto debería interpretarse junto a otros artículos de la Carta Magna.

Esto se denomina según el Tribunal Constitucional (TC) como “Principio de Concordancia Práctica”.

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En ese sentido, en el documento se coloca como referencia otros artículos como el 121, 123 y 125; los mismos que establecen las funciones y atribuciones de los ministros.

“Entonces, a partir de la Concordancia Práctica de la Constitución Política y el marco normativo que regula las competencias, atribuciones y limitaciones de los ministros de Estado, debemos señalar que el artículo 126 de la Constitución Política de 1993 no limitaría a los ministros de Estado realizar todo tipo de actividad privada”, explicó.

El legislador Reymundo recalcó que esta limitación es solo para las actividades relacionadas a la gestión de intereses propios o de terceros, así como el ejercicio de actividad lucrativa, además de la intervención en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

Además, enfatizó que para que se haya infringido el artículo 126 se debió comprobar que Boluarte usó su poder político para favorecer irregularmente al Club Departamental Apurímac. “Podemos concluir que la denunciada no ha realizado actos de gestión de la referida asociación civil, sino actos de regularización registración”, anotó.

Para el legislador Reymundo Mercado, las declaraciones del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, tienen una connotación subjetiva a la hora de acusar a la vicepresidente de conflictos de intereses. “Ello no enerva los efectos de una mínima y razonable actuación probatoria de quien afirma hechos y no presenta material probatorio que los acredite”, indicó.

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De otro lado, el informe final de Reymundo señaló que a Boluarte no se le halló responsable por infracción al artículo 38 de la Constitución y el delito de omisión, al no consignar el nombre de su cuñado Alfredo Pezo Paredes en su declaración jurada de intereses (DJI) presentada ante la Contraloría.

Según se mencionó, la presentación incompleta de la declaración es únicamente un requisito para el cargo, lo que no contraviene sus funciones de ministro ni constituye un hecho ilegal. “La contratación se efectuó con anterioridad a la presentación oportuna de la DJI por parte de la señora Boluarte”, destacó.

Finalmente, el informe aclaró que Boluarte no realizó ningún trámite irregular a la hora de renunciar ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil(Reniec).

“Debe señalarse que, en la práctica, la señora Boluarte no ejercía función pública en el Reniec, toda vez que el procedimiento administrativo de licencia sin goce de remuneraciones estaba orientada a una suspensión perfecta de labores, que posteriormente se materializó con la presentación de su renuncia”, concluyó.

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