Perú solo ha implementado dos recomendaciones de la OCDE sobre conducta empresarial responsable

En enero de 2022, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió por consenso invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización. La OCDE tiene como misión diseñar políticas que favorezcan el bienestar de los ciudadanos y está integrado por un selecto grupo de 38 países, entre los cuales están los más desarrollados del mundo, y representan alrededor del 80% del comercio y las inversiones mundiales.

Pertenecer a la OCDE generaría un vínculo más estrecho con países desarrollados, y encaminaría a que las instituciones del Estado funcionen mejor y se proteja el medio ambiente.

“La OCDE es una suerte de club internacional de países que pueden exhibir las mejores prácticas en términos de decisión de políticas para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Un país que integre ese organismo se convierte en lugar interesante para la inversión”, explicó a Infobae, Javier Mujica de la asociación civil Perú Equidad.

Para pertenecer plenamente a la OCDE, la invitación es solo uno de los pasos, hay una ruta de adhesión para el Perú, que tendría que implementar las reformas que el organismo internacional recomienda, así como la documentación que lo acredite.

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Parte de esta ruta es un informe del 2020 que recomienda mejoras a las políticas públicas de conducta empresarial responsable (CER) con el objetivo de promover la adecuación de la conducta de las empresas peruanas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“El informe tiene que ver con la relación entre el crecimiento económico, estabilidad y el respeto a los derechos de todas las partes que interactúan con esa actividad empresarial. (Es decir) que las empresas no generen impacto negativo en su entorno o con las personas que interactúa”, indicó Javier Mujica.

Las recomendaciones de la OCDE se basaron en la implementación de normas para detectar violaciones de los derechos humanos en el espectro laboral, políticas para combatir la informalidad, acciones para fomentar el empleo decente, asistencia técnica al sector empresarial, tanto privado como público, avances en la implementación de mecanismos de debida diligencia (prevenir que no ocurran impactos negativos), entre otras.

“Se previene haciendo un análisis de riesgos reales o potenciales de lo que puede ocurrir con mis actividades en relación con las partes con las que interactúo: los trabajadores, accionistas, comunidades, pueblos indígenas, etc.”, dijo el representante de Perú Equidad.

Tras analizar los riesgos, se debe organizar un plan de gestión de riesgos para evitar daños, y si este ocurriera, poder mitigarlo.

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Según la evaluación realizada por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad, en asociación con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se reportó que el 69% de los lineamientos sugeridos por la OCDE no cuentan con reporte de avance en el transcurso de estos dos años.

Además, indicaron que el gobierno peruano no muestra una voluntad política firme para acatar las recomendaciones formuladas. Existen varias barreras para lograr avances como: escasos recursos presupuestados, carencia de un marco institucional consolidado y un escaso compromiso empresarial y gubernamental para cumplir con los estándares de debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos.

También identificaron que, durante los últimos dos años, no se logró realizar un seguimiento adecuado a los procesos de diálogo en atención de conflictos sociales, ni se tiene un instrumento idóneo que sirva a la prevención de la conflictividad social y CER para el sector empresarial.

Tampoco se ha reportado resultados en cuanto a las acciones de promoción de las guías de la OCDE de debida diligencia para empresas incluidas en cadenas de suministro en áreas de conflicto o alto riesgo, ni se ha implementado un mecanismo de monitoreo de debida diligencia ni fiscalizado el cumplimiento de normativas vinculadas a la formalización económica.

Del total de 45 acciones recomendadas, solo dos fueron reportadas con avances por las autoridades competentes. Entre ellas, la promoción del cambio de cultura sobre la mirada de los sindicatos como defensores de los derechos humanos; acción ejecutada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Teniendo en cuenta la recomendación de la OCDE se concluyó con la formulación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) en 2021, corolario de un largo proceso de generación de consensos al respecto que involucró la participación de todas las partes interesadas, incluyendo los gremios empresariales.

El objetivo del PNA 2021-2025 es implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, con énfasis en la operacionalización de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en este ámbito, lo que contribuirá a que las empresas, tanto públicas como privadas, respeten los derechos humanos en el contexto de sus actividades.

No hay una fecha límite para la finalización de los procesos de adhesión del Perú a la OCDE. El resultado y el cronograma dependen de la capacidad de adaptación de ajuste de cada país. Para el caso del Perú, según algunos especialistas, esto podría tomar entre tres a cinco años.

Javier Mujica advierte que hay que tener en cuenta que el Perú no es el único país que busca ser miembro de la OCDE.

“Hay otros países, además de Perú, que también quieren ser parte de la OCDE. En América Latina están Brasil y Argentina. Perú se tiene que lucir y no está haciendo el esfuerzo necesario para que la adhesión ocurra”, manifestó.

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