El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Máximo Buendía Payano, fue sentenciado a cuatro años de prisión, por el delito de colusión simple, por sus pasadas labores en la Dirección Regional de Salud de Junín (Diresa Junín).
El exfuncionario se desempeñó en el área en el año 2013, periodo en el que el Vladimir Cerrón, sentenciado por delitos contra la administración pública (corrupción) y secretario general de Perú Libre (PL), era gobernador regional de dicha región.
El caso en el que estuvo involucrado fueron la construcción de módulos de las microredes de Puerto Ocopa y Comas de la Diresa Junín. La pena privativa de la libertad fue confirmada por Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín
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Buendía Payano fue cercano a la gestión de Perú Libre (PL) en Junín, suscitado entre el 2011 y 2014, y mantuvo una relación próxima con Cerrón Rojas. Además, laboró como tesorero alterno de PL y figuró en una de las grabaciones de audio del caso Los Dinámicos del Centro.
“Declarar fundada en parte la pretensión de determinación de consecuencias jurídico civiles a favor del Estado, se fija en la suma de S/500 000 soles como monto de reparación civil que deberán pagar los sentenciados”, se lee en la sentencia de la Sala Penal integrado por los magistrados Roberto Meza Reye, Walter Chipana Guillén y Richard Palomino Prado.
Otros sentenciados por el mismo caso fueron Oswaldo Fernando Romero Pantoja, exencargado de control previo de la Oficina de Economía y la exdirectora de la citada oficina, Eladia Carhuallanqui Ticse. Contra el grupo de tres exfuncionarios se ordenó su captura y su posterior internamiento en una institución penitenciaria.
Hasta el momento, Máximo Buendía Payano se encuentra como no habido.
Caso Diresa Junín
Según se desarrollaron los hechos para la fiscalía, la construcción de módulos de servicios de salud materno infantil, de los establecimientos de salud de las microredes de Puerto Ocopa y Comas, contó con un presupuesto de 4 millones 787 mil 807 97 soles, ello por disposición de la Dirección Regional de Salud de Junín (Diresa Junín).
El proyecto, que debía entregarse en 60 días, le fue encargado al Consorcio Puerto Ocopa. El representante legal de la empresa, Edison Rodríguez, y Máximo Buendía, entonces director ejecutivo de la Diresa Junín, suscribieron un contrato el pasado 19 de diciembre del 2012. En este escenario, el Ministerio Público reportó que se suscitaron irregulares cobros de adelanto de materiales y obras, así como actos de concertación con trabajadores de la Diresa.
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Entre las irregularidades que encontró la fiscalía, se encontró que Romero, Buendía y la exdirectora de la Oficina de Economía de aquel momento, Eladia Carhuallanqui Ticse, autorizaron un pago de S/. 1′915.123.18 en enero del pasado 2013.
El monto adquirido se registró como un adelanto de materiales en beneficio del Consorcio Puerto Ocopa. Sobre este aspecto, las autoridades remarcaron que la Ley de Contrataciones con el Estado solo permite este tipo de pago al iniciarse la obra y designarse al supervisor de la misma, situación que se produjo recién en mayo del mismo año.
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