Comisión de Constitución aprobó adelanto de elecciones en 2023 y proceso de suspensión contra Castillo

Las iniciativas llegan en medio de un nuevo pedido para destituir al presidente por supuesta “incapacidad moral” y tras la emisión del informe preliminar de la OEA sobre su visita al país

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La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Hernando Guerra (Fuerza Popular), aprobó este jueves los dictámenes sobre el adelanto de elecciones generales para el 2023 y la modificación del Reglamento Interno del Parlamento sobre el proceso para suspender al presidente Pedro Castillo.

La iniciativa del adelanto de elecciones, que se basa en proyectos de las legisladoras Digna Calle y Susel Paredes, logró 11 votos a favor, 5 abstenciones y 7 en contra por parte de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Somos Perú y Perú Bicentenario. En tanto, el procedimiento para la suspensión de un mandatario obtuvo 14 votos a favor y 8 en contra.

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El adelanto de elecciones, como se trata de una reforma a la Constitución, requiere votación calificada (87 votos) en dos legislaturas o 66 votos y ratificada en referéndum.

“El presidente y la primera vicepresidenta de la República, elegidos en las Elecciones Generales 2021, concluyen su mandato el 28 de julio de 2023. Los congresistas de la República y los Parlamentarios Andinos elegidos en el mismo proceso electoral culminan su representación el 26 de julio de 2023″, señala el dictamen que incorpora una disposición transitoria en la Constitución.

Suspensión presidencial

La Comisión de Constitución también aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 2694-202, que busca incorporar al Reglamento del Congreso el procedimiento para la suspensión del presidente. El plazo de inhabilitación puede ser hasta de 36 meses.

Con 14 votos a favor y ocho en contra, pasará al pleno este dictamen que permitiría suspender al jefe de Estado con solo 66 votos. El proyecto es de autoría del tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular).

“La Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el literal b del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de la resolución legislativa que incorpora el inciso g) en el artículo 68 y el artículo 89-A en el Reglamento del Congreso contenido en el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso (...) con la finalidad de regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 1) del artículo 114 de la Constitución Política del Perú”, menciona el oficio.

El presidente de Perú, Pedro
El presidente de Perú, Pedro Castillo, Eladio Loizaga, representante del Secretario General de la OEA y el canciller de Perú, César Landa, caminan juntos después de una reunión, en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2022.REUTERS/Sebastian Castaneda

Ambas iniciativas ocurren en medio de una nueva moción de vacancia, la tercera en los 16 meses de Castillo en el poder, la cual fue impulsada por el parlamentario Edward Málaga, y en momentos de creciente tensión entre el Ejecutivo izquierdista y Legislativo, controlado por la derecha.

Panorama sobre Castillo

La solicitud entregada es el primer paso para iniciar un proceso formal de vacancia, que debe aún superar otra valla legal antes de que el pedido sea admitido a debate. En caso de admisión, el Congreso debe invitar a Castillo y su abogado a defenderse ante la representación nacional en un plazo de hasta 10 días.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de que no dispone la oposición. Esta es la tercera moción para destituir a Castillo. En marzo pasado, la anterior alcanzó solo 55 votos. La primera moción, que se remonta a diciembre de 2021, no llegó a ser debatida por el pleno del Congreso.

Castillo denunció en octubre “un golpe parlamentario en marcha” y pidió la intervención de la OEA, mientras que el jefe del Congreso, José Williams, acusó al presidente de querer disolver el parlamento.

Una misión de la OEA visitó Lima hace una semana y se reunió con autoridades y opositores lanzando llamados al diálogo entre las partes. La presión se elevó también luego que el Congreso empezó a evaluar una denuncia de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.

Castillo, un maestro rural de 53 años y líder sindical del magisterio, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

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