Presupuesto público 2023: Si se aprueba dictamen del Congreso elevaría Riesgo país y afectaría grado de inversión del Perú

En el Congreso de la República se viene debatiendo la Ley del Presupuesto Público 2023 y hoy es el último día de plazo para su aprobación; sin embargo, el dictamen de esta iniciativa propuesta por el Poder Legislativo ha originado una serie de cuestionamientos, ya que originaría un grave desequilibrio de gasto que no tiene cómo financiarse.

En ese sentido, el economista y exministro de Trabajo Jorge González Izquierdo dijo a Agencia Andina que el Parlamento no está actuando de manera responsable, pues su decisión tendría consecuencias “macrofiscales negativas” que, en el mediano y largo plazo, afectaría el bolsillo de todos los peruanos.

“Lo que está haciendo el Congreso es afectar esta reserva importante, que es la Reserva de Contingencia. Estos recursos permiten al Ejecutivo contar un respaldo ante alguna emergencia, como una nueva cepa del covid-19, un terremoto o inundaciones de grandes proporciones”, enfatizó el economista al analizar la propuesta del Congreso sobre la Ley de Presupuesto Público del próximo año.

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Asimismo, González Izquierdo explicó que esta medida que plantea el Legislativo elevaría el Riesgo País del Perú, toda vez que los mercados mundiales verían con más recelo la economía peruana. “Volarse la Reserva de Contingencia representaría una muestra de debilidad en el futuro, porque nos pondría en una situación propensa a elevar los niveles de deuda en el país ante cualquier situación inesperada”, sustentó el economista.

De acuerdo a las calificadoras de inversión, del 16 al 23 de noviembre el Riesgo País de Perú se mantuvo en 201 puntos básicos, colocándose por debajo del nivel de Latinoamérica (469 puntos básicos).

“Si sube el Riesgo País, las calificadoras de riesgo podrían retirarnos el grado de inversión. Con ello, el endeudamiento peruano pagaría más tasas de interés en los mercados internacionales y, además, las decisiones de inversión en Perú se ralentizarían”, sostuvo González Izquierdo.

Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, indicó para RPP TV, que el “Congreso no tiene iniciativa de gasto”, por lo que dar luz verde a las disposiciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sería “inconstitucional” y, además, generaría “más déficit”.

Además, Francke advirtió que sería “malo para el país” si se incorpora un gasto adicional de S/1.664.4 millones a la Ley de Presupuesto Público 2023 propuesto por el Congreso de la República.

Por otra parte, González Izquierdo alertó que la eventual aprobación del dictamen en el Pleno entorpecería las acciones del Banco Central de Reserva (BCR) en su objetivo de reducir los altos índices de inflación en los próximos meses.

“Una mayor ejecución de presupuesto significa mayor gasto y el mayor gasto impacta en la demanda interna, con la cual el BCR está luchando por contenerla para reducir las expectativas de inflación”, remarcó el economista.

Ante ello, el exministro de Trabajo exhortó al Congreso a actuar con prudencia y coordinar con las instituciones económicas del país para no hipotecar el futuro.

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“A los congresistas les digo que respeten la propuesta del Ejecutivo y, en último caso, si desean incorporar alguna medida lo realicen de manera consensuada y no de manera unilateral”, recomendó el economista.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, consideró que esta decisión, tomada de manera unilateral, vulnera el equilibrio presupuestario toda vez que las medidas incorporadas no tienen un financiamiento ordenado.

Los voceros de los grupos parlamentarios del Congreso de la República cerraron filas para afirmar que el presupuesto 2023 mantiene un sesgo centralista, sin cambios sustanciales, apartado de las prioridades de las personas, y defendieron, por ser legal, el uso de recursos de la Reserva de Contingencia para paliar ciertas necesidades sociales.

El vocero de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Edgar Reymundo Mercado, durante el debate, sostuvo que en estos 17 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo “nada se ha hecho para hacer cambios”, y “el presupuesto de este año repite los problemas de siempre, y excluye las necesidades de quienes tienen menos”.

El presupuesto 2023 “sigue expresando el centralismo”, arguyó, y no se ha escuchado de parte de la premier las prioridades políticas y, una vez más, se muestra la desatención para la agricultura, que solo recibe el 3% del total presupuestal, que “no sirve para llevar a cabo la segunda reforma agraria, tan publicitada”.

Luego, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, rebatió la postura “de oficina, de gabinete” del Ministerio de Economía y Finanzas, “que no refleja lo que tiene que ser la gestión económica a favor de las reales necesidades de la población del Perú profundo”.

Manifestó que desde Lima se tiene una percepción distinta del país, y eso tiene que cambiar, sobre todo en lo que se refiere a la contingencia; puso como ejemplo la realidad del agro, y se preguntó si ello no es contingencia.

Seguidamente, expuso que “debe imperar la atención prioritaria de quienes nos han elegido, puesto que demandan cambios estructurales que se vean reflejados en su economía familiar”.

A su turno, el congresista Alejandro Soto Reyes de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), expresó que siempre vamos a reclamar un presupuesto descentralista, porque “no es posible que las regiones del país sean las más afectadas por un gobierno que dice defender al pueblo”.

Este presupuesto, continuó, sigue siendo centralista; pero lo que más le llamó la atención es que se mantenga una reserva de contingencia de más de 3 mil millones, “seguro para traer ronderos a Lima, y debería usarse para pagar a los servidores del país”.

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