Si bien los cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo han motivado investigación en el Ministerio Público, una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación y mociones de vacancia y suspensión, el presidente continúa gobernando desde Palacio de Gobierno. Ante ello, la oposición ha puesto en marcha un nuevo intento de destitución cuyo texto presentado ha llamado la atención.
Durante meses, los opositores del jefe de Estado han defendido la labor del Ministerio Público, han tomado las declaraciones de algunos colaboradores eficaces para iniciar investigaciones desde el Congreso y han recibido con emoción el trabajo de Patricia Benavides. Sin embargo, también han firmado un documento que revela que estos procedimientos no podrán ser atendidos hasta el fin del mandato de Castillo.
El texto firmado por 67 congresistas da cuenta desde su primera página lo señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la misma que señala que el jefe de Estado solo puede ser acusado por traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución inconstitucional del Congreso y impedimento de funciones del Congreso u organismos del sistema electoral.
“Que por fuera de las causales mencionadas, no es posible someter al presidente a un juicio o antejuicio político durante su mandato”, señala el texto para luego lamentar que esto deba suceder a pesar de que el jefe de Estado “haya incurrido en actos graves que pongan en cuestión su legitimidad en el ejercicio del cargo o que afecten la vida e integridad de las personas”, se lee en el documento presentado en Mesa de partes.
El texto revela las complicaciones que enfrentarán iniciativas como la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por lo que señala a la vacancia como una “Facultad constitucionalmente histórica (...) para garantizar la gobernabilidad democrática”. Ante ello insta a la representación nacional a que asuma con responsabilidad el proceso que acaba de iniciar con apenas 67 votos confirmados.
Argumentos presentados
La tercera moción de vacancia contiene varios puntos que buscan ser sólidos y ya estaban en un borrador.
El primer punto es que la administración de Castillo hubo un copamiento y desmantelamiento del aparato estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos para favorecer a los intereses de su entorno.
“Desde que asumió su mandato, el presidente Pedro Castillo ha designado para el cargo de ministros de Estado a personas seriamente cuestionadas por sus antecedentes, prontuarios e investigaciones en curso,dando entender que a su juicio, dichas personas eran idóneas para los cargos y las funciones que iban a desempeñar”, en el documento. Aquí se hace referencia a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
El segundo punto trata de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación que devinieron en la denuncia constitucional contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por los casos Puente Tarata y Petroperú.
También se menciona a otras investigaciones como el manejo irregular de los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía, el presunto direccionamiento de las licitaciones públicas en Cajamarca y otras regiones.
El tercer punto hizo referencia a “manifestaciones directas de la inmoralidad del presidente” tras ser sindicado como presunto autor de un plagio académico de su tesis de maestría, así como de ser acusado de un aparente encubrimiento personal para no capturar a los prófugos del gobierno tal como lo denunció el exministro del Interior, Mariano González.
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