Informe final del caso Dina Boluarte será debatido este lunes 5 de diciembre

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abordará el documento elaborado por el congresista Edgar Reymundo. La vicepresidenta es acusada de realizar gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado.

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Peru's Vice President Dina Boluarte
Peru's Vice President Dina Boluarte arrives to attend the APEC Leader's Dialogue with APEC Business Advisory Council during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, November 18, 2022, in Bangkok, Thailand. Lillian Suwanrumpha/Pool via REUTERS

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) debatirá el informe final del caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien es acusada de realizar gestiones a favor del Club Departamental Apurímac tal como fue revelado por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, ella habría infringido la Constitución porque estos tratos los hizo cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La congresista Lady Camones, titular de la SAC, informó hoy que el documento elaborado por su colega Edgard Reymundo (Cambio Democrático), quien es el ponente del caso, ya fue entregado, por lo que acordaron que se vea en la mencionada fecha.

“El plazo para redactar el informe final venció el viernes pasado. El día lunes de esta semana el congresista delegado, el señor Reymundo Mercado, entregó a la subcomisión ya el informe final, entonces nos correspondía determinar una fecha para la exposición debate y votación”, declaró Camones para la prensa.

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“Se ha determinado que el lunes 5 de diciembre vamos a hacer esta sesión, entendiéndose que los congresistas van a estar en semana de representación, pero por acuerdo se ha dispuesto que sea este lunes para de una vez dar cuenta lo que determina este informe”, agregó.

Este documento ha tenido varios contratiempos. Inicialmente, el pasado 8 de noviembre, ya se habría tenido el documento. Sin embargo, el legislador Reymundo tuvo problemas de salud y, por ello, se pospuso. Así, tres días después, se le otorgó un nuevo plazo que acababa hace una semana, pero al final no se presentó. Se cuenta con la versión de Boluarte y Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima. Ambos declararon ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) fue la autora de la denuncia constitucional contra Boluarte, a quien también le señala que no renunció a tiempo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y permitir que sus familiares contraten con el Estado.

Al respecto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social solicitó que Yarrow sea separada pues ella presentó la denuncia en su contra y “no puede ser juez y parte”. Boluarte se amparó en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece que los integrantes de la SAC están impedidos de formular denuncias constitucionales para evitar que sean juez y parte en los procesos.

Durante las sesiones, Boluarte se defendió y denunció que no fue debidamente notificada por la Contraloría General de la República. “A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”, cuestionó.

La congresista Norma Yarrow especificó
La congresista Norma Yarrow especificó que no se está realizando lo que prometió Pedro Castillo con los niños con cáncer. (Andina)

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Luego, Boluarte sostuvo que algunos sectores políticos pretenden inhabilitar a la vicepresidente de la República para luego intentar la vacancia presidencial y luego inhabilitación y suspensión. “Expreso ante el país que este plan está en marcha”, agregó. “Sin escuchar mis argumentos de defensas desde el mismo día en que fueron presentados las denuncias constitucionales. Me están hallando responsable de las denuncias constitucionales”, acotó.

Fuentes cercanas al congresista Reymundo señalan que en su informe final no recomendaría acusar constitucionalmente a Boluarte. Contra la vicepresidenta se pide como sanción una inhabilitación de diez años de la función pública.

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