El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, evaluó este miércoles un posible escenario si llegara a efectuarse el tercer pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.
“Si logran vacar al presidente, la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable”, adijo el vocero del Gobierno al proponer un “consenso para fortalecer la democracia en el país”.
En la víspera, la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, cursó invitaciones a todas las bancadas del Parlamento para reunirse con las fuerzas políticas, en un intento de “tender puentes” y “priorizar el diálogo”.
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Para Salas, quien aseguró que Castillo no tiene “intensiones de cerrar el Congreso”, esta invitación es “un mensaje (...) para sentarse a conversar, no para tratar de comprar consciencias, sino para ofrecer trabajo para el país”.
El discurso apaciguador también llegó por parte de la primera ministra, quien ha pedido “bajar las tensiones” entre el Ejecutivo y Legislativo. Chávez negó que vaya a pedir al Congreso una segunda cuestión o voto de confianza, cuya negativa podría allanar el camino de un eventual cierre del Parlamento.
De acuerdo a la Constitución, el jefe de Estado está facultado a cerrar el Parlamento en el caso de que el pleno le niegue el voto de confianza en dos ocasiones consecutivas y el gobierno de Pedro Castillo ha asumido que la primera solicitud fue rechazada, con lo cual necesitaría solo una segunda negativa.
Tercera moción de vacancia
Castillo afronta un nuevo pedido de destitución, la cual es impulsado por el legislador independiente Edward Málaga y se entregó con las firmas de 67 congresistas de los partidos opositores Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú.
El documento, de más de 100 páginas, asegura que “resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”.
En ese sentido, hace referencia a acusaciones lanzadas contra Castillo, y su entorno más cercano, como presuntos integrantes de una supuesta organización corrupta en el Ejecutivo, y también menciona el “copamiento y desmantelamiento del aparato Estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos”.
Málaga sostuvo que esta iniciativa es “el primer paso para adelanto a elecciones generales” en su país, donde el Ejecutivo y el Legislativo mantienen una dura pugna política desde el inicio de la actual gestión.
Posteriormente, el presidente del Congreso, José Williams, anunció que ya se informó al gobernante sobre la nueva moción de destitución y convocó a una reunión de la junta de portavoces de las diferentes bancadas para analizar el tema.
El reglamento indica que la moción requiere, por lo menos, del voto favorable del 40 % de los congresistas hábiles para ser admitida a trámite, en este caso de 52 votos.
Si es aprobada, el debate y la votación de la moción se debe dar “indefectiblemente en la siguiente” sesión plenaria del Legislativo, donde para ser aceptada, y Castillo destituido, deberá recibir el voto a favor de, por lo menos, 87 legisladores.
Este es el noveno proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992 y el tercero al que se intenta someter a Castillo, quien sorteó un primer pedido en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.
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