Cuando el Congreso evaluaba a los candidatos a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional decidió tachar a Pedro Hernández Chávez por las dos denuncias de violencia familiar que pesaban en su contra. Ahora, el cuestionado abogado está a punto de ser asesor del máximo ente interpretativo de la Constitución, según los resultados de evaluación de conocimientos del concurso correspondiente.
Hernández Chávez aparece como el primero de la lista de tres postulantes. Tras su puntaje de 19, aparecen dos de 18 que les pertenece a Rosa Isabel Sánchez Benites y Sofía Janett Donaires Vega. De ser el ganador del proceso de selección, el cuestionado funcionario pasaría a percibir un sueldo de 17 mil soles mensuales. Hasta el momento, los cuestionamientos en su contra no han afectado su postulación.
Sin embargo, aún quedan pendientes dos etapas de la evaluación que comprenden una evaluación psicológica y otra que es una entrevista personal. Ambas se realizarán en el transcurso de esta semana. Se espera que en aquella fase, las autoridades tengan en cuenta las denuncias que pesan contra Hernández y que es vital que sean resueltas cuando antes para pertenecer a una institución como el Tribunal Constitucional.
Cabe recordar que durante su intento de ser miembro del TC, la congresista Isabel Córtez presentó una tacha en su contra al no cumplir con el requisito de cuestionamiento de la solvencia o idoneidad moral o conducta personal intachable. Fueron precisamente las denuncias por maltrato físico contra su entonces esposa y por maltratos psicológicos las que afectaron su postulación. Sin embargo, una publicación de La República da cuenta de que ambas denuncias han sido archivadas.
Se sabe que en la actualidad, Hernández Chávez labora como asesor juridiccional III del TC. Específicamente, en el despacho del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. En septiembre y octubre de este año, sus ingresos por dicho puesto fueron de 11.733.33 y 16.000 soles, respectivamente.
Decisiones del Tribunal
En una votación por mayoría, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que formuló el Gobierno contra la Ley 31399, que regula y limita la figura del referéndum para reformas como el cambio de Constitución Política.
Trascendió que fueron cuatro votos en contra del requerimiento del Ejecutivo y solo un voto a favor. El titular del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, no habría participado del caso.
La resolución, con los fundamentos usados por cada magistrado para emitir su votación, será publicada en los próximos días.
La ley reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución.
La cuestión de confianza que planteó el entonces jefe del Gabinete, Aníbal Torres, para derogar la Ley 31399 fue rechazada de plano por la Mesa Directiva que está a cargo del congresista José Williams.
Entre los argumentos para rechazarla figura que la iniciativa del Gobierno “interfiere directamente” con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso.
Además, el Legislativo se afirma que con la propuesta se colisiona directamente con el artículo 206 de la Constitución, referida a que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento.
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