Augusto Cáceres Viñas, alcalde del distrito de San Isidro, fue detenido este martes por personal de la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de la Policía en una operación especial que produjo la captura de otros siete funcionarios y el allanamiento de al menos 14 inmuebles en Lima.
Cáceres, sobre quien recaía una orden de detención preliminar de siete días, fue capturado en su vivienda tras ser vinculado a la red criminal ‘Los Ecológicos’, dedicada a presuntos delitos contra la administración pública, colusión agravada y negociación incompatible, según el Ministerio del Interior.
La hipótesis fiscal expresa que el burgomaestre, elegido en 2018, y los funcionarios de esta comuna habrían participado en una simulación de contratos por más de S/ 48 millones con una empresa dedicada al recojo de residuos sólidos y a la contratación irregular de un servicio para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. De ahí el nombre de la organización.
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El operativo también se ejecutó contra el consorcio Terra World, el cual habría licitado de forma irregular con el concejo del distrito limeño.
Freddy López, director contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP), precisó que fueron registradas, además, cuatro oficinas municipales y de la empresa consorciada, gracias a la colaboración de la Contraloría General de la República.
“Entre los detenidos también se encuentran la gerente municipal de la alcaldía distrital, el gerente de Logística, el gerente de Administración. Asimismo, los dos representantes del consorcio San Isidro Verde, a cargo de la ejecución de este servicio de mantenimiento”, precisó López.
Medidas contra Castillo y Torres
Augusto Cáceres, quien días atrás había declarado persona no grata al presidente Pedro Castillo, permanecerá detenido durante los próximos siete días. El alcalde había enfilado contra el jefe de Estado debido a los enfrentamientos con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz de la denuncia constitucional presentada en contra del mandatario.
“Reitero al Congreso mi exhortación para que, según las normas estipuladas en nuestra Constitución, el señor Pedro Castillo deje de ser presidente en el más breve plazo”, manifestó Cáceres en un comunicado difundido en octubre.
La tesis de la Fiscalía es que Castillo dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Fue esta denuncia la que gatilló la reacción de Castillo para pedir a la OEA que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.
Cáceres también apuntaba declarar persona no grata al expremier Aníbal Torres, luego de que este dijera que los niños de San Isidro son protegidos por el Gobierno a pesar de que un sector en el distrito los “deforma mentalmente para hacerles creer que son superiores”.
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