El caso de Dina Boluarte tendría su Día D. El congresista Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) debería hoy presentar el informe final de la investigación contra la vicepresidenta que es acusada de realizar gestiones a favor del Club Departamental Apurímac tal como fue revelado por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, ella habría infringido la Constitución porque estos tratos los hizo cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Este documento ha tenido varios contratiempos. Inicialmente, el pasado 8 de noviembre, ya se habría tenido el documento. Sin embargo, el legislador Reymundo tuvo problemas de salud y, por ello, se pospuso. Así, tres días después, se le otorgó un nuevo plazo que acababa hace una semana, pero al final no se presentó. Se cuenta con la versión de Boluarte y Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima. Ambos declararon ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La congresista Norma Yarrow (Avanza País) fue la autora de la denuncia constitucional contra Boluarte, a quien también le señala que no renunció a tiempo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y permitir que sus familiares contraten con el Estado.
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Al respecto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social solicitó que Yarrow sea separada pues ella presentó la denuncia en su contra y “no puede ser juez y parte”. Boluarte se amparó en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece que los integrantes de la SAC están impedidos de formular denuncias constitucionales para evitar que sean juez y parte en los procesos.
Durante las sesiones, Boluarte se defendió y denunció que no fue debidamente notificada por la Contraloría General de la República. “A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”, cuestionó.
Luego, Boluarte sostuvo que algunos sectores políticos pretenden inhabilitar a la vicepresidente de la República para luego intentar la vacancia presidencial y luego inhabilitación y suspensión.
“Expreso ante el país que este plan está en marcha”, agregó. “Sin escuchar mis argumentos de defensas desde el mismo día en que fueron presentados las denuncias constitucionales. Me están hallando responsable de las denuncias constitucionales”, acotó.
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En otro momento, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha sido enfático al señalar que el Congreso está obligado a respetar las garantías del debido proceso.
Por su parte, la defensa legal de Boluarte solicitó al inicio de la sesión, que el contralor general de la República, Nelson Shack, sea citado al grupo de trabajo. En respuesta, la titular de la comisión parlamentaria, Lady Camones señaló que el contralor ha acreditado, mediante un oficio, a dos especialistas para que asistan a la sesión de hoy.
Además, solicitó que los congresistas que consideró han adelantado opinión en este caso, de abstengan de votar. “La Contraloría General afectó el derecho de defensa desde el día uno por remitió 171 folios y a su defendida solo tres páginas”, explicó.
Por lo pronto, fuentes cercanas al congresista Reymundo es que en su informe final no recomendaría acusar constitucionalmente a Boluarte. Contra la vicepresidenta se pide como sanción una inhabilitación de diez años de la función pública.
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