Más de 1500 feminicidios en los últimos 13 años y solo el 23% de asesinos tiene condena

Hace un año y medio Iveth Rodríguez Falcón (30) y su hija Ximena de 4 años fueron asesinadas con suma crueldad. El asesino intentó inculpar a la madre de su hija e ideó un plan para que pareciera que la mujer murió por suicidio, pero las investigaciones señalaron la imposibilidad de que las heridas punzocortantes hayan sido autoinfligidas. También se cumplen dos años desde que alguien mató a Lesly Vicente Felix y acabó con los sueños de la joven estudiante de ingeniería de 19 años, pero los lentos procesos de investigación dificultan saber quién fue. Hoy sus familias no pueden vivir el dolor de haberlas perdido, pues deben mantenerse firmes para reclamar justicia, para pedir que sus feminicidas sean condenados.

Sus casos forman parte de una triste estadística, pues de los 1.585 feminicidios ocurridos desde el 2009 -año en el que en Perú se empiezan a registrar la ocurrencia de estos delitos- hasta el 2021, apenas 372 feminicidas tienen una condena y se hallan en prisión, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en base a datos entregados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Esta cifra evidencia que apenas el 23,47% de feminicidas ha sido castigado por el sistema judicial con una sentencia condenatoria, según los datos recabados hasta agosto del año pasado.

Ello sin tomar en cuenta de que en algunos casos complejos hay más de una persona implicada, lo que reduciría aún más esta baja tasa. Y, además, sin considerar los feminicidios ocurridos este 2022, que ya suman 101 solo hasta fines de octubre.

Es decir, en teoría, hay poco más de 1200 feminicidas que no han sido sentenciados, por lo que los deudos de sus víctimas viven, año tras año, protestando para que oigan sus pedidos, reviviendo dolorosos recuerdos en audiencias judiciales que se extienden hasta el agotamiento. Sobreviven a un sistema de justicia que los revictimiza a ellos y a sus muertas.

Ruby Rodríguez es una de ellas, desde que en mayo del 2021, su cuñado Luis de la Vega Bados (42) notificó a las autoridades que halló los cadáveres de su hermana menor Iveth y su sobrina Jimenita en Huánuco. Hoy el presunto feminicida purga prisión preventiva, pero como aún niega haber cometido el crimen, pese a que la fiscalía lo imputó como el autor luego de realizar las pericias de ley, el caso ha sido declarado complejo.

Junto a De La Vega, un total de 289 presuntos feminicidas se hallaban en calidad de procesados, hasta agosto del 2021, lo que significa que pueden salir en cualquier momento si las medidas de prisión preventiva que pesa sobre ellos no son extendidas.

Ruby alerta que desde que se cometió el crimen, una serie de negligencias han retrasado el avance del caso y el arribo a una sentencia. Entre estos, el poco cuidado en mantener la escena del crimen, demoras en el recojo de evidencias y la falta de información sobre el caso de parte de la abogada asignada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer (MIMP), entre otros, según su versión.

Este panorama donde la impunidad es la norma, terminan afectando a las víctimas y sobrevivientes de tentativas de feminicidio u otras formas de agresiones, pues aumenta la sensación de desprotección, precisa Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y experta en la defensa de los derechos de las mujeres.

“Yo creo que esta tardanza en emitir sentencias funciona como un elemento disuasivo para las mujeres que han quedado vivas, que deciden no poner una denuncia y a la larga terminan convirtiéndose en una cifra más de feminicidio. También tiene un impacto muy fuerte en la familia de las víctimas, que, además, generalmente son las madres o hermanas quienes también se deben encargar de los hijos de esta mujer que ha sido asesinada y varios de estos niños o niñas se enfrentan también a problemas de salud mental porque fueron sido testigos no cierto del asesinato de sus madres o de las situaciones de violencia previa”, indica la especialista.

Idaly Fernández (32) batalló durante más de dos años para que Leoncio Daza Tejada (60) fuera sentenciado a 28 años de cárcel por la Corte Superior de Justicia de San Martín. Fue un camino arduo en el que tuvo que rememorar varias veces que su madre, María (45), fue a dormir un 26 de diciembre del 2109 y despertó con el fuego devolviéndole el cuerpo, lo que le ocasionó quemaduras graves en el 90% de su cuerpo. El feminicida negó, como un estribillo repetido, que el crimen fue intencional y achacó sus causas a un accidente; sin embargo, según testigos nunca intentó ayudar a su pareja, la dejó quemarse mientras dormía y ella sola salió por ayuda y fue a un hospital. Después de mucho dolor murió en los brazos de su hija mayor.

“Yo actualmente tengo un cuadro de depresión y ansiedad severos diagnosticados. Nos revictimizaban una y otra vez, en las audiencias se tenía que escuchar cómo murió, con todos los detalles, cómo lo hizo, fue demasiado horrible. El proceso judicial ha sido demasiado duro para mí porque el señor (Leoncio Daza) intentó salir libre muchas veces”, explica Idaly.

Ahora, debe lidiar con la posibilidad de que el feminicida, pese a su sentencia, puede apelar la decisión judicial. “Cuando se dio su sentencia el abogado y el asesino dijeron que esto recién empieza, o sea, en tono desafiante”, señala la hija de María, que ahora debe cuidar a sus dos hermanos menores.

La incertidumbre que vive Idaly la padecen muchas familias, puesto que una sentencia en primera instancia no garantiza el final del proceso judicial, luego sigue la segunda instancia, donde se puede ratificar o no la condena y, finalmente, si el sistema responde, a los victimarios les queda una última carta: un recurso de casación; proceso que puede tardar otro par de años, según explica Patricia Sarmi, comisionada de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Aunque también reconoce que hay procesos complejos en los que las demoras son más comprensibles debido a las dificultades que presenta el caso.

“Cuando hubo un tema de flagrancia, es decir que se le he encontrado casi en el momento, no haya mayor duda sobre el tema de la responsabilidad porque los elementos de prueba son bastante convincentes obviamente los tiempos se van a reducir, pero en el caso de de situaciones complejas como por ejemplo de repente el caso de las mujeres desaparecidas tardan un buen tiempo”, explica Sarmi.

Nosmery conoce de cerca las penurias que implica ser parte de un proceso judicial complejo, pues desde hace dos años reclama que las investigaciones para hallar al feminicida de su hermana pequeña, Lesly Vicente, quien fue asesinada en julio del 2020 en Tingo María, cuando estudiaba para convertirse en una futura ingeniera civil.

Sin embargo, desconocer la identidad de su asesino no es la única traba que ha enfrentado la familia, pues denuncian que ya son cuatro fiscales que se han hecho cargo del caso, de los cuales, apenas uno les brindaba información sobre el avance de las investigaciones. El silencio solo fue potestad de los representantes del Ministerio Público sino de dos abogados asignados por el MIMP, según la familia.

Hoy pide que las autoridades investiguen con celeridad a todos los sospechosos del crimen, pues en la casa donde murió la joven alegan que nunca escucharon ruidos, pese a la extrema violencia que presentaba el cuerpo de la víctima.

“Nosotros pensamos que fueron varios los asesinos. Hasta ahora no sabemos el motivo. Por qué la asesinaron. Mi hermana era una chica tranquila, era trabajadora y quería estudiar”, indica Rosmery con tristeza.

La desidia de las autoridades del sistema de justicia es un tema constante que denuncian las integrantes del colectivo Familias Unidas por Justicia: Ni Una Asesinada Más, que congrega a 50 familias de víctimas de feminicidio.

“Uno de las principales obstáculos que encuentra las familias en su búsqueda de justicia es la demora y la ineficacia de las autoridades”, explica Sandy Evangelista Loa, vocera del colectivo.

Ahora bien, luego de obtener, por fin, una sentencia, esta en algunos casos no es considerada justa por los deudos, debido a que no se tomaron en cuenta los agravantes del delito o se hicieron uso de figuras legales irregulares para reducir el tiempo de condena para los feminicidas.

Por ejemplo, Idaly Fernández considera que Leoncio Daza debió ser condenado a cadena perpetua, pero el juez no tomó en cuenta los dos agravantes de este delito: la crueldad y premeditación y el estado de ebriedad del agresor.

La especialista en temas de género Jennie Dador explica que muchas veces las sentencias arriban cargadas con estereotipos en los que se busca inculpar a las mujeres por haber sido asesinadas.

En otros casos, los asesinos y sus defensas tratan de refugiarse en figuras legales que ya no son regulares, como la terminación anticipada, en la que quienes delinquen confiesen para obtener beneficios carcelarios. Sin embargo, en el delito de feminicidio esto no aplica, aún así en cortes laxas todavía son aceptadas, de acuerdo a lo que advierte Sandy Evangelista.

“Los familiares nos reportan que hay autoridades que hacen un trabajo un corto y de un modo u otro llegan como a un acuerdo con los imputados, para que ya no hagan más más una investigación profunda, la terminación anticipada o confesión sincera, pero eso ya no existe gracias a la reforma del Código Penal; sin embargo, siguen usándolo los abogados y los imputados para poder frenar la investigación y es ahí donde se pierden muchos agravantes… porque si es que se aplicaría la justicia tal cual como dice el Código Penal habría muchas cadenas perpetuas”, señala la vocera de Familias Unidas por Justicia.

Dentro de este panorama sombrío, se ha originado una buena nueva que podría evitar la ocurrencia de situaciones como las relatadas por Dador y Evangelista, puesto que el Poder Judicial aprobó su “Protocolo de administración de justicia con enfoque de género”, a través de una resolución administrativa y a propuesta de la Comisión de Justicia de Género, por lo que jueces serán capacitados en la materia, a fin de llevar procesos menos cargados de estigmas contra las víctimas y sus familias.

Su aplicación será a nivel nacional y su objetivo es “establecer lineamientos que guíen a jueces y juezas, así como a sus equipos técnicos, en la incorporación del enfoque de género en la actuación judicial, con énfasis en la emisión de decisiones judiciales”, se lee en el documento de 96 páginas.

En el caso de los feminicidios, los letrados deberán tomar en cuenta que este delito implica matar mujeres en cuanto quebrantan un estereotipo de género; y que su ocurrencia comunica a las mujeres cuáles son sus límites de actuación y a los varones les envía un mensaje de poder.

Un mensaje que muchas mujeres y sus familias no están dispuestas a cargar. Mujeres como Idaly, que pese al cansancio y la tristeza se mantiene pendiente a las artimañas legales que el asesino de su madre pueda ejecutar. “A mi mamá en sus últimos minutos de vida le hice dos promesas. Una de mis promesas es hacer justicia y lo voy a hacer hasta el final. La otra fue cuidar a sus hijos”, sentencia.

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