El fiscal Richard Rojas, del equipo contra el delito de Lavado de Activos, apelará el fallo del juez John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior Nacional), luego que este declarara infundado la solicitud de la Fiscalía de brindar 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón.
Según la tesis del Ministerio Público, el actual secretario general de Perú Libre fundó dicho partido para ingresar dinero ilícito a la organización. Las sumas provienen, estima la hipótesis fiscal, de actividades ilegales mediante las suborganizaciones los Dinámicos del Centro y los Tiranos del Centro.
En la audiencia, realizada el último viernes 25, el magistrado Pillaca encontró en el caso de Cerrón Rojas, quien no acudió a la lectura de la resolución, evidencia en grado de sospecha fuerte en contra del investigado. Pese a ello, solo le dictó comparecencia con restricciones.
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Entre las medidas que el exgobernador regional de Junín deberá adoptar, por disposición del juez, se encuentran el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses, no ausentarse del inmueble de su residencia sin una autorización respectiva, reportar sus actividades, presentarse cada mes ante el juzgado para registrarse y pagar una caución de 20 mil soles.
Además, Cerrón también deberá evitar contactar a coinvestigados, testigos y peritos del caso, así como asistir a todas las citaciones judiciales y fiscales. Sobre este último punto, en la penúltima audiencia de este requerimiento fiscal, suscitada el miércoles 23 de este mes, el fiscal Rojas aseguró que el líder de Perú Libre realiza llamadas “amenazantes” a los testigos implicados en la investigación.
El representante del Ministerio Público también destacó que Cerrón Rojas indicó, en anteriores oportunidades, su deseo de acudir al juzgado para las respectivas audiencias, sin embargo, remarcó que no se presentó en las últimas sesiones.
Juez considera que Cerrón tiene arraigo domiciliario
El juez John Pillaca, quien presidió la audiencia del requerimiento del Ministerio Público, aseguró que el investigado sí posee arraigo domiciliario. El fiscal Richard Rojas indicó, a lo largo de distintas audiencias, que existía un potencial peligro de fuga de parte de Cerrón, así como una latente obstrucción a la justicia.
Pillaca sí encontró, sin embargo, evidencia en grado de sospecha fuerte por los presuntos delitos atribuidos a Cerrón Rojas. Este era el primer punto para otorgar la medida de prisión preventiva. Por otro lado, el funcionario no encontró elementos en el requisito de peligro procesal.
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“A criterio del despacho el arraigo domiciliario se encuentra acreditado (…) la Corte Suprema ha hecho mención de que el hecho de que el investigado tenga pluralidad de inmuebles, de su propiedad, no conllevan a la falta de arraigo domiciliario. Asumir lo contrario sería un exceso”, manifestó la autoridad.
En este sentido, el magistrado consideró que también existe arraigo laboral, así como familiar, de parte del actual secretario general de Perú Libre. Sin embargo, sí señaló que hay elementos de riesgo de fuga, de parte del investigado, por su supuesta pertenencia a una banda delincuencial; la gravedad de la pena de ser hallado culpable, que constituye 35 años en prisión; y la magnitud del daño generado.
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