El Congreso reaccionó este viernes a la designación de Betssy Chávez como primera ministra tras la dimisión de Aníbal Torres. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), calificó de “provocación” el nombramiento de Chávez, quien se desempeñaba como titular de Cultura y es investigada por la Fiscalía por presuntamente contratar a sus allegados para cargos públicos.
“Debe ser la engreída del gabinete para que le den el premierato. Por supuesto que es una provocación y un choque para enfrentar al Legislativo. La democracia está en peligro, nos vamos a quedar sin Congreso”, señaló Alva.
“Esto confirma que lo único que quieren es un gabinete ad hoc al presidente por sus felpudinis. Es una felpudini mujer porque ya tenemos a Chero, a Roberto Sánchez, tenemos a Salas. (…) Pasó de trabajo, que no sabe nada, a cultura que no ha hecho nada y ahora premier”, agregó.
Por su parte, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, indicó que se trata de una designación “insultante” por parte del presidente Pedro Castillo.
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“No tenía esperanzas que este Gobierno nombrara a un ministro que estuviera a la altura, pero me parece insultante que ponga a una ministra que ha sido censurada por el Legislativo. Durante su gestión [como ministra de Cultura] terminó de caer Kuélap. Machu Picchu está en peligro, a punto de caerse y la ministra no ha tenido la intención de solucionar estos problemas”, dijo en Exitosa.
Para la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, Chávez no cuenta con “mérito” para tomar el cargo. “¿Cuál es el mérito de esa señora para que el Congreso le dé la confianza y ella sea erigida como premier? Ninguno. Siempre hay peor”, dijo en RPP.
“Estábamos esperando quién iba a ser peor que Aníbal Torres y Castillo ha encontrado la persona idónea. Es su principal defensora. (…) No creo que mi bancada le dé la confianza al gabinete de Chávez”, continuó.
En tanto, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, consideró que es “la última oportunidad del Gobierno para designar un gabinete de izquierda [y] cumplir las promesas de campaña”.
Chávez juró en una ceremonia fugaz en la que estuvo presente su predecesor, Aníbal Torres, cuya renuncia aceptó Castillo minutos antes de la medianoche. “Por el respeto al estado de derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí juro”, dijo la nueva premier.
El pasado 14 de noviembre, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra Chávez, quien fue censurada por el Congreso cuando era titular de trabajo, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.
Con la renuncia de Torres, Castillo deberá nombrar a su quinto gabinete ministerial desde que asumió el poder en julio de 2021. En estos quince meses de gestión, los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido una constante, pero se recrudecieron en las últimas semanas, mientras avanza en el Parlamento una denuncia constitucional contra el mandatario por presunta corrupción.
Congreso se defenderá si Castillo trata de disolverlo
El presidente del Congreso, José Williams, advirtió previamente que usará herramientas constitucionales para defenderse en caso de que Castillo trate de hacer una “disolución inconstitucional” del Parlamento.
“El presidente no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría una disolución inconstitucional del Congreso”, dijo Williams en un breve clip publicado en sus redes sociales.
Su mensaje es una respuesta a otro publicado por Castillo minutos antes de la medianoche en el que anunció que renovará su gabinete luego de aceptar la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, ante el rechazo “de plano” del Parlamento al planteamiento de un voto de confianza que hizo el “premier” para que se derogue una ley que establece sobre referéndum.
Williams, sin embargo, negó que se haya producido “la denegación fáctica de las cuestiones de confianza” y, por ello, anunció que usará las “herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de derecho”.
Por eso destacó que el presidente “no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución o el Reglamento del Congreso”.
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