Designan a exprocurador general del Estado como asesor en el Ministerio de Justicia

El Gobierno decidió oficializar el nombramiento de Javier Wilfredo León Mancisidor como nuevo asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de la vuelta del abogado que ocupó el cargo de procurador general del Estado hasta octubre pasado cuando le dejó la posta a Daniel Soria, quien regresó a esta institución tras un fallo del Poder Judicial.

León Mancisidor es recordado porque salió a la luz que tuvo vínculos con el exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, que fue condenado por el delito de narcotráfico y lavado de activos.

El letrado fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por la presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, por permitir al preso narcotraficante evitar el desalojo de su familia de su residencia de Las Casuarinas, la cual está valorizada en un millón de dólares.

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Además, León Mancisidor fue asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino entre 2012 y 2013, mientras era investigado. Por entonces, el congresista de Fuerza Popular manifestó que había contratado al abogado por una recomendación y para ocupar el lugar de uno de sus asesores que había dejado de laborar. Tubino también dijo que no tenía conocimiento de las investigaciones por parte de la Fiscalía que se seguían en contra de León Mancisidor.

Pese a los cuestionamientos, según un comunicado de la Procuraduría General del Estado, Javier León Mancisidor cumple con los requisitos para asumir el cargo y resalta que goza de idoneidad profesional.

Sin embargo, el abogado renunció al cargo. Según mencionó el ahora exprocurador, su decisión es netamente personal y consideró que el tema podría afectar a su familia debido a los cuestionamientos que podrían generarse en su contra.

“Yo me siento orgulloso de estar sentado aquí, pero, desafortunadamente, este hecho no solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia y, en medida de eso, he tomado la decisión de declinar al cargo”, mencionó León ante la prensa nacional.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el recurso de amparo presentado por la defensa de Daniel Soria y que además ordena al gobierno a restituirlo en el cargo de procurador general del Estado tras ser destituido en febrero de este año.

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El documento publicado por el organismo autónomo declaró fundada “la demanda interpuesta por Don Daniel Soria Luján contra el Despacho Presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Declarar nula Resolución Suprema N° 024-2022-JUS; y, consecuentemente se mantenga la vigencia de la Resolución Suprema N° 017-2020-JUS. Ordenar a la demandada proceda a reponer al demandante en su cargo de Procurador General del Estado”.

En febrero pasado, el Ministerio de Justicia, entonces a cargo de Ángel Yldefonso, dio por concluida la designación de Soria Luján como procurador general del Estado, según se dio a conocer a través de la publicación en el boletín de Normas Legales del diario oficial ‘El Peruano’. En su lugar, el Poder Ejecutivo de Pedro Castillo decidió nombrar a la abogada María Aurora Caruajulca Quispe para el cargo.

Antes de ser pasado al retiro, Soria había denunciado al Ejecutivo, a cargo de Pedro Castillo, por patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El funcionario advirtió irregularidades y relacionó esta denuncia con su salida de la Procuraduría General.

Según la resolución del Poder Judicial, Soria Luján no solo ejercía el cargo de procurador general sino también el de presidente del Consejo Directivo, cuyo mandato es de cinco años. “Para ser removido de dicho cargo existen causales previstas por Ley; las cuales, que en el presente caso no se aprecia hayan sido desarrolladas en la Resolución Suprema materia de la presente demanda constitucional”, se precisa en el documento.

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