Omar Chambergo, presidente de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), advirtió hace unos días que la puesta en marcha de la ley que obliga el retiro de cables en mal estado o desuso por parte de empresas de electricidad y telecomunicaciones podría traducirse en un nuevo incremento de las tarifas para los usuarios.
Durante su presentación ante la Comisión de Defensa de Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, el titular del órgano regulador manifestó que, incluso, algunas municipalidades han requerido ya su aplicación inmediata, sin tomar en cuenta el impacto sobre los bolsillos de sus vecinos.
“Cuando se dio esta ley, no nos pidieron comentarios. Hay un problema grande con ella porque todo el costo de retirar los cables será cargado a la tarifa, entonces va a incidir sobre los usuarios”, precisó Chambergo.
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En octubre se publicó la Ley 31595, que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.
Según información oficial, difundida a través de un comunicado en las diversas redes sociales, esta acción —aceptada por insistencia por el Pleno del Congreso— no representaría un costo adicional para el usuario, ni se impondría una tarifa en su recibo de luz. Sin embargo, las recientes declaraciones del titular de Osinergmin cambian el panorama.
“Nosotros hemos estado analizando el tema y consideramos que debe revisarse para ver cuáles podrían ser los mecanismos de financiamiento a fin de evitar que, nuevamente, los ciudadanos sean golpeados con un incremento de las tarifas”, indicó Chambergo.
“Les vamos a hacer llegar el análisis que hemos hecho para que el tema sea visto en el Congreso”, agregó.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Jorge Flores Ancachi (AP), también aseguró hace un mes que el costo por el retiro del cableado no será trasladado al usuario.
Asimismo, explicó que según lo establecido por el artículo 21 del reglamento de la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, esta labor está considerada como mantenimiento del servicio, por lo cual, debe ser totalmente gratuito.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), será la entidad encargada de supervisar el cumplimento de lo establecido en la nueva ley, así como de las municipalidades provinciales y distritales, únicamente en los aspectos de su competencia, pero asegurando la comodidad y seguridad de los vecinos ante el retiro de los cables.
Multas y sanciones
Antes de concluir su comunicado sobre esta normativa que fue aprobada el pasado 20 de octubre, se precisó que el incumplimiento de lo estipulado constituye una infracción muy grave, la cual puede ser sancionada con una multa impuesta por el OEFA.
Además, Flores Ancachi, precisó que el dictamen acogió algunas observaciones del Poder Ejecutivo, como incluir a las empresas proveedoras de estructuras pasivas en los alcances de la iniciativa. Como se recuerda, El autor de la iniciativa, Segundo Acuña Peralta (ID) demostró a través de evidencia audiovisual la contaminación visual que produce los cables aéreos en desuso en las regiones de todo el país.
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