La Comisión Permanente del Congreso, liderado por el legislador José Williams, aprobó otorgar quince días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para analizar la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.
El Jefe de Estado es sindicado por el Ministerio Público como líder de una presunta organización criminal. Además, se le atribuyen otros supuestos delitos como tráfico de influencias y colusión agravada.
La medida del Congreso se adoptó con 19 votos a favor, tres votos en contra y nueve abstenciones este jueves 24 de noviembre.
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La investigación del Ministerio Público comprende a diversos familiares del mandatario, entre ellos, su cuñada Yenifer Paredes (presunto testaferro) y sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. Asimismo, la primera dama, Lilia Paredes, también es incluida en esta aparente banda delincuencial.
Según la hipótesis de la fiscalía, la esposa de Castillo Terrones y sus hermanos, David Paredes Navarro y Walther Paredes Navarro, son coordinadores en la organización.
La denuncia constitucional presentada por Benavides Vargas, en octubre de este año, motivó a que el presidente solicitara la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras aprobarse la solicitud del mandatario, la misión de alto nivel visitó el Perú, días antes, y permaneció en territorio nacional los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre. En esta última fecha, se retiraron a sus respectivas sedes.
Denuncia por presunta traición a la patria
En la referida sesión de la Comisión Permanente, este jueves 24, también se pronunció sobre la denuncia por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo Terrones. El grupo de trabajo adoptó medidas luego que el Tribunal Constitucional decidiera declarar nulo este informe.
“Se declara la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, declaró la institución.
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Por este motivo, la Comisión Permanente devolvió el expediente, que contiene esta acusación, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), órgano liderado por la legisladora Lady Camones (Alianza Para el Progreso).
Camones Soriano, también expresidente del Legislativo, manifestó días antes que los parlamentarios esperaban dicha decisión, adoptada por el Tribunal Constitución, “después de la defensa, bastante débil, del procurador del Congreso de la República.
“Se ha pedido empezar a hacer una nueva calificación, lo que están declarando nulo va desde la calificación de la denuncia hasta el informe final en el caso específico de traición a la patria. (…) Teníamos un congresista que se hizo cargo de esta denuncia, él recomendó acusar al presidente por la comisión de este delito en grado de tentativa, se sometió a votación y estas son las decisiones que tenemos en el Congreso. Con votos se ganan y con votos se pierden”, señaló en diálogo con los medios de comunicación.
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