A María Alvarado le prendieron fuego un día después de Navidad, en 2019, dentro de la habitación que compartía con su agresor en Rioja (San Martín). Leoncio Daza Tejada, el feminicida, le roció diésel de madrugada, mientras dormía, y luego pulsó un encendedor.
Aunque fue trasladada al Hospital de EsSalud de Tarapoto, María —madre de tres hijos— no resistió al ataque. Según los médicos, el 90% de su cuerpo presentaba quemaduras de segundo y tercer grado. Falleció tras dos días de agonía.
Daza, exsecretario del Apra en esa región amazónica, intentó darse a la fuga. Ahora, dos años y medio después de cometer el crimen machista, pasa sus días recluido en el penal de Moyobamba, con una pena privativa de 28 años, pese a que hubo dos agravantes para que fuera condenado a cadena perpetua.
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“El caso de mi madre puede ejemplificar que los operadores de justicia en provincia son corruptos y poco empáticos —dice Idaly Fernández, integrante de “Familias Unidas por Justicia: Ni una asesinada más”, un colectivo que abraza a madres e hijas de víctimas de feminicidio—. Lograr que el agresor llegue a la cárcel fue difícil, pero uno en estos casos tiene dos opciones: o se sienta a llorar o se pone en pie para la lucha”.
Idaly devino en activista en medio de ese camino por obtener justicia. Tuvo que desplazarse con sus dos hermanos menores ante las amenazas de muerte que llegaban a su celular. Aun ahora debe caminar con recelo por las calles de Lima.
“Pese a todo, el colectivo al que pertenezco me ha brindado contención —agrega a través de una llamada con Infobae—, compartimos el mismo dolor, estamos pie con pie. Sé que mi mamá no va a volver nunca, pero sí puedo contribuir a que ninguna más pase por eso”.
Con 31 años, integra el comité organizador que convoca a una manifestación para el próximo 26 de noviembre, a las 16:00 horas, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género #25N.
El punto de partida será el Parque Washington, en la cuadra 5 de la avenida Arequipa. Además de Familias Unidas por Justicia, participarán los colectivos “Madres Luchando Perú” y “Mujeres Desaparecidas Perú”, así como parientes y amigos de víctimas de feminicidio.
La consigna es reclamar una vida libre de violencia machista, pero sobre todo procesos diligentes con sanciones ejemplares que no permitan repetir casos como el de Leslie Valeria, asesinada en pandemia en Tingo María y cuyo feminicida sigue en libertad. El caso estuvo a punto de archivarse ante la remoción de al menos cinco fiscales, aunque el colectivo intervino para que el proceso no desista.
La manifestación también demanda adecuados protocolos de atención y políticas para erradicar la violencia endémica. “A veces optamos por quedarnos como espectadores, aunque el feminicidio no tiene límites ni condición económica. La violencia machista, lamentablemente, no se detiene. A mi madre la mataron, mañana probablemente sea la tuya o alguien que amas”, continúa Idaly.
Las cifras son demoledoras. Solo en este semestre se registraron 5805 casos de violaciones sexuales, un promedio de 32 por día, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
También se reportaron 7,762 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 4,075 aún no han sido localizadas. El Centro de Emergencia Mujer (CEM), en tanto, atendió 117,560 casos de sobrevivientes de violencia física, sexual, psicológica y económica en 2022. Y desde el 2018, al menos 670 mujeres han sido asesinadas por sus parejas.
El caso más reciente es el de la turista mexicana Blanca Arellano, presuntamente ultimada por su pareja, un estudiante de Medicina al que también se le acusa de tráfico de órganos.
Contra la violencia en todas sus formas
Idaly Fernández señala que la marcha también apunta a reivindicar a las mujeres que ejercen trabajo sexual y son víctimas de mafias de extorsionadores, quienes las ejecutan si no cumplen con pagar cupos.
“Las autoridades que no aceptan sus denuncias ni realizan investigaciones transparentes para hallar a los responsables de los asesinatos de 70 trabajadoras sexuales en lo que va de este año. Esa discriminación es la primera puerta hacia una indiferencia brutal”, comenta.
Si bien este es un flagelo que tiene sobre todo rostro de mujer, las diversidades son igualmente objeto de la violencia machista: las mujeres agredidas por el hecho de ser mujeres, en el caso de los feminicidios; y por su orientación sexual, en el caso de la comunidad LGTBIQ+.
En cualquier caso, se trata de una respuesta que pretende “disciplinar” a quienes optan por el ejercicio de una sexualidad que no responde a la normatividad impuesta por una sociedad conservadora y eminentemente machista.
Entre 2012 y 2021, el Ministerio Público identificó 88 crímenes de odio. La mayoría de las víctimas eran homosexuales (55,8%) y mujeres trans (36,4%).
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