La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se reunió este lunes 22 de noviembre con la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La misión de la entidad internacional visita el país luego que el presidente Pedro Castillo solicitara la activación de la Carta Democrática Interamericana, hace unos meses, motivado por la denuncia de la máxima autoridad del Ministerio Público (MP).
La funcionaria presentó dicho recurso, en octubre último, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada contra el mandatario.
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El documento que ya se encuentra en la Comisión Permanente del Congreso, tras ser aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, alberga 190 elementos de convicción sobre la existencia de una presunta red delincuencial enquistada en el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la fiscalía informó, a través de un pronunciamiento oficial, que se cumplió con señalar a la OEA que la referida denuncia es producto de una investigación preliminar autorizada por el Poder Judicial, “realizada respetando el debido proceso y el mandato constitucional de lucha contra la corrupción”.
Por otro lado, la fiscal de la Nación también comunicó a los altos funcionarios que el Jefe de Estado posee 51 carpetas fiscales en curso dentro del MP; según reportó Diario El Comercio.
Este conjunto comprende actualmente 47 carpetas pendientes, tres en trámite y una denuncia constitucional (ya presentada) que alberga, a su vez, tres investigaciones.
En el encuentro, donde también participaron el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán y las fiscales superiores Karina Quineche y Marita Barreto, se añadió que otras siete carpetas fueron archivas, según el citado medio.
Carpetas que integran la denuncia constitucional
En otro momento de la cita con la comisión de alto nivel de la OEA, Benavides Vargas detalló a los distintos ministros y viceministros de Relaciones Exteriores que la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo comprende tres carpetas fiscales.
Estos expedientes son denominados Puente Tarata - Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Municipio de Anguía - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Petro-Perú.
Ante esto, la alta funcionaria reafirmó que Castillo lidera, según la tesis fiscal, una organización criminal encargada de direccionar y controlar las contrataciones públicas.
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Además, aseguró que la presentación de una denuncia constitucional era lo que correspondía, “a nivel procesal y constitucional”, tras evaluarse los distintos elementos en su despacho y siguiendo lo establecido en la Constitución.
“(La fiscal de la Nación, Patricia Benavides) refirió que en el cumplimiento del deber constitucional de perseguir el delito y luchar contra la corrupción, los fiscales y su persona han sido objeto de ataques, presiones, amenazas, denuncias y hasta insultos de parte de altos funcionarios gubernamentales y actores políticos, con un evidente propósito de obstruir las investigaciones”, comunicaron desde el Ministerio Público.
En este contexto, al finalizar el encuentro entre la comisión de alto nivel y Benavides, se indicó que la misión de la OEA fue informada de la competencia exclusiva y excluyente del Congreso para decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional, contra Castillo, “en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
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