Pedro Castillo acudirá al Tribunal Constitucional para anular denuncia en su contra

El presidente Pedro Castillo seguirá buscando la manera de desestimar la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación. Luego de que el Poder Judicial declarara infundado el recurso de tutela de derechos presentada, la defensa del jefe de Estado ha comunicado que acudirá a la máxima instancia de interpretación de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional.

Cabe recordar que durante los últimos meses, desde que se iniciaron las investigaciones contra el mandatario, sus allegados han alegado que se estaba incumpliendo el artículo 117 de la Carta Magna. Este párrafo indica los únicos motivos por los cuales el jefe de Estado puede ser acusado; sin embargo, quienes motivaban los procesos alegaron que no se incumplió la Constitución ya que solo se estaba investigando.

Por su parte, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, señaló que “frente a la decisión de la sala permanente se abre el camino de la justicia constitucional cuyo derrotero puede llegar al Tribunal Constitucional para que se supere la interpretación coyuntural del artículo 117. La lucha jurídica continúa, no ha terminado”. Así informó la defensa legal del presidente a través de su cuenta de Twitter.

El siguiente paso será presentar una demanda constitucional de amparo, un procedimiento que tiene como principal objetivo defender los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución diferentes a la protección de la libertad individual, a los derechos relacionados y los que protege el hábeas data. Esta será la tercera instancia a la que recurrirá Pedro Castillo en su intento de detener los procesos en su contra.

El presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo un nuevo revés judicial. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación de la tutela de derechos presentada por su defensa legal contra la investigación iniciada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias por los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

En la resolución judicial se indica que la acusación constitucional y la investigación preparatoria impulsada por el Ministerio Público “si correspondería por la presunta comisión de delitos que comentan altos funcionarios” como Castillo Terrones. Además, indica que existe una “obligación constitucional de persecución del delito que justifica, pese a ello y, además, a la exigencia del procedimiento parlamentario de acusación constitucional” a pesar de lo que dispone el artículo 117 de la Constitución Política.

Adicionalmente, la sala recalca que si bien antes los fiscales establecieron que un presidente de la República no podía ser investigado en el ejercicio de sus funciones, y tampoco ser sometidos a diligencias preliminares, pues consideran que eso resulta “una discriminación violatoria del principio de derecho de igualdad, desde que lo esencial es si, en todo caso, la nueva regla interpretativa infringe o los artículos 99,100 y 117 de la Constitución”.

Como se recuerda, el pasado 23 de junio, el Poder Judicial había declarado infundado en primera instancia la tutela de derechos de la defensa legal de Castillo Terrones por presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica a raíz de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación.

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