La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo esta tarde una reunión con el grupo de Alto Nivel de la OEA en San Isidro. Entre los temas a tratar, estuvo la función constitucional del Ministerio Público de perseguir el delito en el marco del debido proceso y el estado de derecho y la necesidad de respetar la autonomía e independencia de la Fiscalía como fundamento de la democracia representativa.
A través de un comunicado, se reveló más a detalle que la fiscal señaló que es falsa la versión remitida por el Gobierno a la OEA respecto a que desde su despacho se presentó una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Negó que esta haya tenido una motivación política que sería parte de una estrategia de ruptura del orden democtático; y también descartó que haya pedido inaplicar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
Benavides aclaró ante los integrantes del grupo de Alto Nivel, que lo presentado al Congreso de la República es una denuncia constitucional que contiene 190 elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo. Y esto es producto de una investigación preliminar autorizada por el Poder Judicial realizada respetando el debido proceso y el mandato constitucional de lucha contra la corrupción.
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En el comunicado se explica que dicha denuncia constitucional “era lo único que podía efectuar su despacho a nivel procesal y constitucional, conforme a las atribuciones estipuladas en la Carta Magna”. Además, la fiscal señaló que se recabaron indicios suficientes de la comisión de delitos, en una investigación en la que el mandatario siempre ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa.
Del mismo modo, la titular de la Fiscalía aclaró que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República tomar una decisión respecto a dicha denuncia constitucional contra el mandatario.
Presiones e insultos
En otro momento de la reunión, Benavides expresó que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa reconocida no solo en la Constitución Política del Perú, sino también en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
En tal sentido, refirió que “en el cumplimiento de perseguir el delito y luchar contra la corrupción, los fiscales y su persona han sido objeto de ataques, presiones, amenazas, denuncias, y hasta insultos de parte de altos funcionarios gubernamentales y actores políticos, con un evidente propósito de obstruir las investigaciones”.
“La fiscal también absolvió las consultas formuladas por los integrantes del grupo de Alto Nivel de la OEA, integrado por ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y un representante de la Secretaría General del organismo”, se lee en el documento del Ministerio Público.
Finaliza puntualizando que su visita fue dispuesta mediante resolución del Consejo Permanente de la OEA, luego de que el Gobierno peruano solicitara activar la Carta Democrática Interamericana.
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