Carlos Anderson sobre la cuestión de confianza: “Constituye una actitud de victimización a nivel internacional”

El congresista no agrupado Carlos Anderson indicó que la cuestión de confianza planteada por el primer ministro Aníbal Torres para derogar la Ley N° 31399, o también llamada ‘Ley Antireferéndum’, el pasado jueves ante el Pleno del Parlamento, resulta “una actitud de victimización a nivel internacional” ante la visita de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima.

“Plantear una cuestión de confianza, en los términos en los que se ha hecho, constituye otro intento de mostrar una actitud de victimización ya no solamente a nivel nacional, sino internacional. Esto es una vergüenza”, aseveró en diálogo con RPP. De otro lado, agregó que en el Congreso tienen muy en claro que la solicitud del jefe de la PCM carece de sustento jurídico.

“Los congresistas saben que lo que ha pedido el premier es una imposibilidad jurídica, eso merece una respuesta. Yo creo que la respuesta del Congreso debe ser mandarlo al archivo, porque no corresponde. Nos queda claro que el objetivo es cerrar el Congreso como sea, este es un objetivo de carácter antidemocrático”, apuntó.

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Como se recuerda, el primer ministro Aníbal Torres acudió el jueves pasado al Parlamento para plantear cuestión de confianza. Ante la representación nacional, indicó que se apruebe un proyecto de ley nuevo para modificar las restricciones contra el referéndum.

“El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día, que deroga la ley, que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional”, exclamó el premier en el pleno.

Además, Aníbal Torres aseguró que su gabinete no busca cerrar el Congreso, por el contrario, lo que busca es que la población vuelva a tener “voz”. “No hay intención de cerrar el Congreso. Nosotros queremos garantizar la gobernabilidad porque el pueblo eligió a los congresistas y al presidente por cinco años. Terminemos con eso de la vacancia”, señaló.

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“Si el Gobierno hubiera querido cerrar el Congreso, yo soy abogado y sé lo que se hace, hubiéramos planteado confianzas sobre otros proyectos, pues nada impide presentarlos de manera sucesiva, son herramientas que tenemos y la forma en la que se usan estos mecanismos. El objetivo de esto no es iniciar el camino para cerrar el Congreso”, afirmó.

En concreto, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros propone que se derogue la Ley N° 31399, o también llamada ‘Ley Antireferéndum’, que regula los artículos artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, y que fue publicado el pasado 30 de enero en el diario oficial El Peruano.

Los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 fueron modificados.

El primero consiste en que no pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

Mientras que el segundo trata de la convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República, por disposición del Congreso, de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

En esa línea, el Ejecutivo sustenta que la ‘Ley Antireferéndum’ que afecta a los principios de razonabilidad, equilibrio de poderes y unidad de la Constitución. Por ello, apuesta que los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 se lean así:

“Artículo 40.- No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 32 de la Constitución. Artículo 44.- La convocatoria a Referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas.”

La iniciativa fue gestada en la Comisión de Constitución cuando Patricia Juárez, de Fuerza Popular, era su presidenta y aprobada en el Pleno en diciembre. Luego, por insistencia, se dio una segunda aprobación en enero de este año.

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