El caso de la vicepresidenta Dina Boluarte entra a su etapa final. Este lunes, el congresista Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) debería presentar el informe final de la investigación contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social que es acusada de realizar gestiones a favor del Club Departamental Apurímac tal como fue revelado por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, ella habría infringido la Constitución.
Inicialmente, el pasado 8 de noviembre, ya se habría tenido el documento. Sin embargo, el legislador Reymundo tuvo problemas de salud y, por ello, se pospuso. Así, tres días después, se le otorgó un nuevo plazo que acaba mañana. Se cuenta con la versión de Boluarte y Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima. Ambos declararon ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Como se recuerda, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) fue la autora de la denuncia constitucional contra Boluarte, a quien también le señala que no renunció a tiempo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y permitir que sus familiares contraten con el Estado.
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Al respecto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ya se defendió. Durante su alocución ante la SAC, Boluarte se defendió y denunció que no fue debidamente notificada por la Contraloría General de la República.
“A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”, cuestionó.
Luego, Boluarte sostuvo que algunos sectores políticos pretenden inhabilitar a la vicepresidente de la República para luego intentar la vacancia presidencial y luego inhabilitación y suspensión. “Expreso ante el país que este plan está en marcha”, agregó. “Sin escuchar mis argumentos de defensas desde el mismo día en que fueron presentados las denuncias constitucionales. Me están hallando responsable de las denuncias constitucionales”, acotó.
En otro momento, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha sido enfático al señalar que el Congreso está obligado a respetar las garantías del debido proceso.
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Por su parte, la defensa legal de Boluarte solicitó al inicio de la sesión, que el contralor general de la República, Nelson Shack, sea citado al grupo de trabajo. En respuesta, la titular de la comisión parlamentaria, Lady Camones señaló que el contralor ha acreditado, mediante un oficio, a dos especialistas para que asistan a la sesión de hoy.
Además, solicitó que los congresistas que consideró han adelantado opinión en este caso, de abstengan de votar. “La Contraloría General afectó el derecho de defensa desde el día uno por remitió 171 folios y a su defendida solo tres páginas”, explicó.
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