Defensoría del Pueblo pide a Municipalidad de Surco investigar el accionar de sus fiscalizadores ante violenta agresión de dos mujeres

La Defensoría del Pueblo condenó la violenta intervención del personal de fiscalización de la Municipalidad de Surco contra dos mujeres que se dedicaban a la venta informal en la vía pública del distrito.

“Ninguna norma de fiscalización y control municipal establece arrebatar bienes de personas presuntamente infractoras de normas de comercio ambulatorio, ni agredirlas. Ante este hecho difundido en las redes sociales, la Municipalidad de Surco debe investigar el accionar de sus fiscalizadores”, dijo la entidad estatal.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló que el municipio debe instruir a su personal sobre procedimientos de fiscalización, los cuales deben realizarse bajo el principio de legalidad y el respeto a personas, sobre todo cuando son vulnerables.

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“El rol de fiscalización del personal de fiscalización es erradicar el comercio informal, pero no podemos permitir que sea un accionar excesivo y abusivo. Pediremos información oficial sobre las acciones de investigación en el caso”, indicó la entidad a través de sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, rechazó rotundamente estos ataques contra las mujeres, lo cual se está volviendo habitual ante la ausencia de una educación de enfoque de género.

“Este caso es indignante no solo porque afecta a mujeres, sino que da cuenta de una violencia estructural que se ha generalizado en el excesivo uso de la fuerza a través de los fiscalizadores municipales”, dijo Dávila.

Además, la ministra sostuvo que se entiende perfectamente el rol del fiscalizador complicado del serenazgo que supone una lucha frontal contra el comercio ambulatorio de los distritos de Lima, pero no se puede permitir el uso excesivo de la fuerza. “Mucho menos un uso que vulnere los derechos fundamentales de las personas”, agregó.

La ministra comentó que se ha tenido contacto con la Municipalidad de Surco y les han informado que han procedido a separar inmediatamente a los fiscalizadores; sin embargo, consideró que este problema es mucho más grande del que se ha visto solamente en las imágenes.

“Esto se trata de una violencia estructural que se están normalizando en las intervenciones de los fiscalizadores; y es por eso lo que vamos hacer con las nuevas autoridades electas es trabajar un fuerte componente de capacitación para transversalizar el enfoque de género aplicado específicamente a la labor del serenazgo y la labor de fiscalización”, precisó Dávila.

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También la ministra señaló que este tipo de agresiones tiene consecuencias penales, por lo cual los operadores de justicia ya están actuando. “La Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen específicamente los roles que cumplir”, puntualizó.

En tanto, el alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, calificó como vergonzoso esta agresión a dos vendedoras por parte del personal de Serenazgo de dicho distrito.

“¡Qué vergüenza que personal de Fiscalización del actual Municipio de Surco actúe de esta manera! Eso no es poner autoridad”, condenó Bruce en su publicación en redes sociales. Agregó que desde el 1 de enero no habrá sitio en el municipio para servidores que actúan de esta manera.

Según el artículo 376 del Código Penal, un “funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.

Por ello, cualquier ciudadano puede denunciar el abuso de autoridad ante el organismo del Estado correspondiente. Por ejemplo, en la Policía Nacional del Perú, Fiscalía o en la propia municipalidad para que las investigaciones inicien curso y determinen responsabilidades.

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