La denuncia constitucional presentada en contra del presidente Pedro Castillo; por presunta colusión, tráfico de influencias y organización criminal, fue dirigida a la Comisión Permanente del Congreso para continuar con los procedimientos correspondientes.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso), envió un oficio al titular del Parlamento, José Williams Zapata (Avanza País), para informar sobre la aprobación de dicha acusación.
El documento, elaborado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibió trece votos a favor en la SAC el último 16 de noviembre. En este escenario, la Comisión Permanente citará a una sesión de trabajo para recibir un plazo de quince días para las evaluaciones necesarias.
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“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elevó el informe de la DC 307, formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la Comisión Permanente, que deberá citar a sesión para que se otorgue el plazo de 15 días para su investigación”, informó la SAC a través de sus canales institucionales.
El mencionado grupo de trabajo está liderado por Williams Zapata, titular del Legislativo, y conformado por no menos de veinte parlamentarios designados por el Pleno; elección que debe guardar la proporcionalidad de los representantes de cada bancada.
Los congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular), Digna Calle (Podemos Perú) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) ocupan los cargos de Primera, Segunda y Tercer vicepresidente, respectivamente.
Familiares de Pedro Castillo involucrados en investigación
Las indagaciones del Ministerio Público no solo abarcan a funcionarios y exfuncionarios de la gestión de Pedro Castillo como el hoy prófugo Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y el actual titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
La primera dama, Lilia Paredes, es sindicada como parte de esta red delincuencial. Según la hipótesis de la fiscalía, la esposa del mandatario y sus hermanos, David Paredes Navarro y Walther Paredes Navarro, son coordinadores en la organización.
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En el organigrama fiscal también se encuentra Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva de Pedro Castillo, como testaferro. Mientras tanto, los operadores de esta aparente red delincuencial, según la hipótesis del Ministerio Público, son Víctor Culqui Puerta, alcalde de Chachapoyas; César Castillo Cabrera, alcalde de Chadín; José Medina Guerrero, alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca) y los hermanos Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana.
El actual Jefe de Estado también es acusado de colusión y tráfico de influencias. Estos supuestos delitos están relacionados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
Asimismo, se alega que Castillo Terrones orquestó junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Silva Villegas, beneficiar a una compañía con una obra pública por el valor de 232.5 millones de soles. Esta millonaria obra corresponde, según la tesis fiscal, a la del proyecto Puente Tarata III.
“Los fiscales no somos actos políticos, sino operadores jurídicos y en el fiel cumplimiento del mandato constitucional, se procedió a presentar la denuncia constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios”, aseguró sobre la denuncia la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, hace unos días.
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