Cuestión de confianza: la vacancia presidencial debe ser prioridad en agenda del Congreso, plantean especialistas

La jornada política del jueves inició con el premier Aníbal Torres llegando al Palacio Legislativo para presentar cuestión de confianza. Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. La sesión plenaria concluyó con la negación del permiso por parte del Parlamento para que el presidente de la República, Pedro Castillo, vaya a México, pero autorizó que viaje a Chile el próximo 28 y 29 de noviembre.

Lo que aún está a la espera es saber si es que, finalmente, el Congreso de la República le dará o no el voto de confianza al premier Torres, quien en su discurso dejó en claro que no buscan el cierre de la Representación Nacional. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, también se ha sumado a esa idea.

En tanto, José Williams, presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, comunicó a los demás congresistas cuando se iba desarrollando el Pleno, que aún se está evaluando el trámite la solicitud hecha por Torres Vásquez. Esto, en respuesta a varios legisladores oficialistas que instaron al titular del Legislativo a que la decisión se tome con la celeridad que amerita la situación (que finalmente se someta a votación).

A propósito de la negativa para que el jefe de Estado viaje al país norteamericano, el congresista Jaime Quito de Perú Libre, sugirió que el PCM debería presentar una segunda cuestión de confianza ante la decisión tomada por parte del Legislativo. ¿Es realmente es viable? Infobae analizó la propuesta del legislador con dos abogados constitucionalistas quienes recordaron que una vez solicitada la cuestión de confianza, esta debe ser otorgada o denegada y que, en caso fuese la segunda opción, Torres Vásquez no podría volver a un nuevo gabinete, ya que fue él quien hizo la solicitud.

“No podría darse una figura en la que el premier Torres solicite una segunda cuestión de confianza, porque si el Congreso le niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros, este tiene que presentar su renuncia inmediatamente. El presidente tiene hasta 72 horas para aceptarla y nombrar a un nuevo gabinete”, detalló Erick Urbina, abogado constitucionalista y profesor de posgrado.

Agregó que el único que puede plantear la cuestión de confianza es el presidente del Consejo de Ministros o algún ministro, y si se les deniega la confianza, ya no va a haber primer ministros o ministros, “por lo tanto no habría quién la plantee. Tendría que esperar a que haya un nuevo gabinete y este tiene hasta 30 días para acudir al parlamento. Incluso, puede ir hasta el día siguiente de su juramentación”.

El experto considera que, la verdadera intención del Gobierno es la disolución constitucional del Congreso de la República; para ello, buscan que se le niegue la confianza al gabinete Torres y que, en su defecto, el mandatario coloque a un PCM más conflictivo de lo que es el actual primer ministro y con ello consumar su objetivo, pero todo esto, a través de un uso conveniente de la Constitución por parte del Ejecutivo.

“El Ejecutivo está haciendo un uso abusivo de la figura de la cuestión de confianza, pero está dentro del marco legal y constitucional, por lo tanto el Parlamento deberá discutirla. El señor Torres busca dejar su cargo, pero antes de hacerlo que se utilice una de las balas de plata para que el Congreso esté acorralado y no pueda usar la segunda, porque en ese caso podría ser disuelto”, arguemtnó.

Sea otorgada o denegada la confianza a este gabinete ministerial, lo que sugiere Urbina es que, desde el Palacio Legislativo deben enfocarse en concretar la vacancia por incapacidad moral permanente al presidente de la República.

El abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, señaló que el Congreso está entre la espada y la pared ante el contexto de negarle la confianza al gabinete Torres.

“El Congreso tiene dos caminos: o defiende la democracia y le niega la confianza, o aprueba ese proyecto de ley que es como abrir el candado para que entren referéndum por asamblea constituyente, por no pagar impuestos, por pena de muerte por doquier. El Parlamento aprueba el proyecto de ley y abre el candado o defiende su quincena”, argumentó.

Así como su colega Urbina, Alejandro Rospigliosi considera que la opción a la que debe recurrir el Legislativo luego de negarle la confianza al gabinete Torres Vásquez es la vacancia presidencial por la incapacidad moral.

“Hay que comprender que lo que busca el Gobierno es cerrar el Congreso, aquí tenemos una carrera contra el tiempo de quién destituye a quién primero; o Castillo al Congreso o el Congreso a Castillo. De momento hay 70 que han firmado la moción de vacancia por incapacidad moral permanente sustentada por el trabajo realizado por la fiscal de la Nación. Ese camino es la válvula de escape”, indicó.

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