En lo que va del año se han registrado 205 casos de violación sexual en los colegios peruanos, un aproximado de cinco agresiones a la semana, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación, que permite a cualquier ciudadano reportar un caso de violencia escolar.
De enero al 31 de octubre de este año, se han reportado más de 1.800 casos que involucran delitos como acoso sexual, hostigamiento sexual, tocamientos indebidos y violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos, de acuerdo con un informe elaborado por El Comercio.
De las 205 agresiones, 97 fueron cometidas por “personal de la institución educativa a escolares”, según el portal. El resto fue efectuado “entre escolares”. Además, 45 de estos casos sucedieron de dos a tres veces, 135 una sola vez, 18 de seis a más veces y 7 de cuatro a cinco veces.
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El panorama es aún más grave. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con más casos reportados son la de Condorcanqui (Amazonas) con 10 casos, todos efectuados por personal de las instituciones educativas. Le siguen la UGEL Ventanilla con 8, la UGEL 01 San Juan de Miraflores y Atalaya con 6, y la UGEL 06 Ate, con 5 casos.
Marco Flores, director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, dijo a El Comercio que “el reporte no solamente significa que todas [las denuncias] son graves, [sino que] hay reportes para prevenir”.
Añadió que cada registro tiene una investigación para concluir si hubo agresión o no. “El reportar no significa que sea el colegio más agresivo [quien tiene mas casos], sino que cualquier, por más pequeño insignificante detalle de agresión, es reportado”, matizó.
Según especialistas, la respuesta del funcionario minimiza los casos de agresión sexual, en un país en el que 30 menores de edad son violentados sexualmente al día y de cada 10 casos de agresión sexual 7 son realizados por un hombre cercano a la víctima, según Unicef.
Rossina Guerrero, directora de Promsex, explicó que muchas mujeres no denuncian por miedo, vergüenza o temor a que no les crean, casi ninguna menor va a denunciar algo que no es verdad porque solo denunciando se está poniendo en una situación vulnerable.
“Denunciar no es sencillo, sobre todo porque la persona que es víctima, especialmente a esa edad, se le colocan dudas, prejuicios, estereotipos y hasta se le hace a un lado (…) Es un error darle esa ese significado o esa primera interpretación a los datos”, sostuvo la psicóloga especialista en sexualidad en la adolescencia.
Prevención y enfoque de género
La cartera de Educación también indicó a El Comercio que en los casos donde se acusa a un profesor por violencia sexual el accionar es instantáneo debido a Ley General de Educación. Inmediatamente antes de las 24 horas se tiene que poner al profesor a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
Luego la UGEL correspondiente, a través de la Comisión de Procesos Administrativos y la Secretaría Técnica, antes de las 24 horas tiene que informar al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones de manera paralela, porque eso está catalogado como un delito. La comisión de procesos también inicia el proceso disciplinario al profesor, aunque este ya está alejado del centro educativo.
Los expertos consideran que un factor indispensable para evitar las agresiones sexuales es la prevención, además de fortalecer el enfoque de género, según Patricia Salas, exministra de Educación.
Salas indicó al diario que se debe fortalecer en maestros y padres y tenerla como enfoque transversal y trabajarlo como clima escolar. Además, tener enfoque de ciudadanía e interculturalidad. “Son tres enfoques que deben ir de la mano para evitar todo tipo de discriminación y violencia”, sostuvo.
Por su parte, Rossina Guerrero indicó que los profesores tienen un papel importante para actuar luego de que un caso es reportado. Se debe actuar bien, denunciar, hablar con los estudiantes y así prevenir otras situaciones de violencia porque se enseña que hay tolerancia cero. “Ahorita muchos no saben qué hacer. Hay normalización a la violencia”, finalizó.
Destituidos
En 2020, un total de 1,103 docentes y trabajadores administrativos de colegios públicos y privados fueron destituidos por presentar sentencias o condenas por violación sexual, feminicidio, pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas, terrorismo o apología del terrorismo, entre otros delitos.
Anteriormente, este cotejo solo estaba habilitado para instituciones educativas pública, de acuerdo con el Minedu.
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