Presunta red criminal liderada por Vladimir Cerrón pidió “aportes” a trabajadores CAS, según la Fiscalía

El Ministerio Público recogió declaraciones claves de testigos y colaboradores eficaces en el marco de la investigación contra Vladimir Cerrón Rojas, actual secretario general del partido Perú Libre (PL).

La Fiscalía sostiene que el exgobernador regional de Junín, sentenciado por delitos contra la administración pública (corrupción) con una pena suspendida, lidera una organización criminal al interior de la mencionada organización política.

Durante la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón, el fiscal Richard Rojas Gómez expuso los testimonios de dos aspirantes a colaboradores eficaces en el caso. Según estas personas, la supuesta red delincuencial exigía “aportes” para PL a los trabajadores del Gobierno Regional de Junín (GORE Junín) que se encontraban contratados bajo la modalidad CAS.

En la sesión, presidida por el juez John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Rojas Gómez indicó que el colaborador 04-2021-FP-CEDCFJ2D relató que en los años 2019 y 2020, los empleados CAS que obtenían sueldos de S/1 200 y S/1 500 debían aportar S/30, mientras que aquellos con salarios entre S/1 500 y S/2 000 debían brindar S/50. Asimismo, aquellos que ganaban de dos mil soles en adelante tenían la responsabilidad de entregar S/80.

Estos irregulares cobros se efectuaron en todas las instituciones públicas bajo la administración del GORE Junín, según el mismo testimonio, así como en los municipios donde el alcalde era de Perú Libre. El sujeto también aseguró que las personas que se negaban a brindar el dinero correspondiente no obtenían una renovación de su contrato.

En este contexto, otro aspirante a colaborador eficaz, 01-2021-FPCEDCFJ2D, manifestó que la militante de PL Marina Vásquez fue colocada en un puesto relevante en el GORE Junín con el objetivo de contratar a nuevos trabajadores, principalmente a personas relacionadas a Perú Libre, y luego presionarlos para que estos “apoyen a la campaña”.

Ambos aspirantes a colaboradores también revelaron, según informó el fiscal Richard Rojas, que trabajadores bajo modalidad CAS fueron obligados a asistir a manifestaciones organizadas por Perú Libre.

Uno de estos testimonios recoge que en el 2019 los empleados solicitaban permiso, a cuenta de sus vacaciones, para respaldar las vigilias a favor de Vladimir Cerrón Rojas, ello cuando el secretario general permaneció recluido en el penal de Huancayo por los delitos de negociación incompatible.

Como se recuerda, el hoy investigado enfrentó una condena de cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva, medida que fue reformulada posteriormente a prisión suspendida. “Se nos solicitó que debíamos ir al penal a recibir arengas, además hacer marchas en apoyo a países como Bolivia, cuando Evo Morales huyó a México, todo esto era ordenado por la cúpula de Perú Libre”, manifestó el aspirante.

Por otro lado, la fiscalía también recogió los testimonios clave de los trabajadores del GORE Junín. Estos no solo corroboran las declaraciones de los colaboradores, sino que también revelaron las visitas de una mujer en las oficinas de la entidad pública.

Según señalaron, esta les ofrecía un número de cuenta en un papel para que “abonaran por el puesto de trabajo” que ostentaban. Alberto Mejía Castañeda, uno de los trabajadores, indicó que este suceso ocurrió el pasado 27 de septiembre cuando ingresó a laborar a la oficina de Gerencia de Desarrollo Económico del GORE Junín; este explicó que una secretaria llamada “Lizet” se acercó a él para efectuar el cobro.

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