Ley 31399: ¿Qué dice y por qué el gobierno busca que se derogue?

El jefe de Gabinete, Aníbal Torres se presentó ante el Pleno del Congreso, junto a los ministros de Estado, para presentar una cuestión de confianza para derogar la Ley 31399, ley que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

“El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que deroga la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano”, expresó el premier.

La Ley 31399 Ley que Fortalece el Proceso de Aprobación de Leyes de Reforma Constitucional, Regulados en los Artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, fue promulgada en enero de este año, por María del Carmen Alva, entonces presidenta del Congreso.

Esta norma tiene como único articulo la modificación de los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con el objetivo de incluir lo siguiente:

Artículo 40: No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

Artículo 44: La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República, por disposición del Congreso, de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

En la práctica, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que con la Ley 31399 no se puede convocar a referéndum para aprobar una reforma constitucional directamente. Antes, debe ser evaluada y aprobada por el Congreso de la República con una mayoría absoluta.

Al solicitar la derogatoria de la Ley 31399, el titular de la PCM busca que la convocatoria a referéndum corresponda efectuarla a la autoridad electoral sin pasar por la aprobación del Parlamento.

Posición del gobierno de Pedro Castillo

Desde que la Ley 31399 fue presentada como iniciativa legislativa el Ejecutivo manifestó su posición en contra e incluso observó la autógrafa.

“La Constitución reconoce la democracia representativa y la democracia directa. La autógrafa suprime esta última al confiscar el derecho de los peruanos de participar en la actividad legislativa mediante referéndum, sin la intermediación de otras instituciones”, expresó Aníbal Torres en el mes de enero, ministro de Justicia en ese entonces.

En el documento oficial consideró que el proyecto de ley “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución»” y además “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho al referéndum”.

Finalmente, el Congreso decidió aprobar la norma por insistencia sin tomar en cuenta las observaciones del Poder Ejecutivo. Es por ello, que el gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31399 ante el Tribunal Constitucional.

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