Vladimir Cerrón es acusado de utilizar a Perú Libre como “fachada” para ingresar dinero ilícito

El fiscal contra el lavado de activos, Richard Rojas, argumentó la hipótesis del Ministerio Público, que ya solicitó un periodo de 36 meses de prisión preventiva contra el secretario general del partido.

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Cerrón Rojas fue sentenciado años
Cerrón Rojas fue sentenciado años atrás por delitos contra la administración pública (corrupción). (Foto: REUTERS/Marcelo Rochabrun)

Vladimir Cerrón enfrentó la primera audiencia, el último martes 14 de noviembre, sobre la evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra. El exgobernador regional de Junín, ya sentenciado por delitos contra la administración pública, es acusado por el presunto delito de financiamiento ilícito.

El Ministerio Público, a través del fiscal contra el lavado de activos, Richard Rojas Gómez, también responsabilizó a Cerrón Rojas por los posibles delitos en la modalidad de organización criminal.

Según la tesis de la Fiscalía, el actual secretario general del partido Perú Libre (PL), organización que llevó a la presidencia a Pedro Castillo Terrones, lideraría una red criminal al interior del mencionado grupo político. Cabe precisar que PL surgió como un movimiento regional, tiempo atrás, con Cerrón como cabecilla.

Rojas Gómez explicó durante la audiencia, presidida por el juez John Pillaca, que el partido político fue creada desde un inicio con el objetivo de tener un espacio de representación nacional, mediante ganancias ilícitas, “a efectos de la comisión del delito, solventar una campaña política presidencial (Pedro Castillo), congresal y la adquisición de bienes”.

El fiscal aseguró que las sumas de dinero ilegal provienen de “suborganizaciones” de la red delincuencial en casos como Los Dinámicos del Centro o ‘Los Tiranos del Centro’. En este sentido, detalló que la Fiscalía presume que Cerrón Rojas tenía la facultad de brindar órdenes a distintos integrantes, de la presunta banda, en relación a los montos maculados, es decir, de origen ilícito.

Según indicó, Cerrón no solo podía pedir que se ingrese este dinero a las cuentas del partido, sino también a su cuenta personal.

El hermano de Vladimir Cerrón
El hermano de Vladimir Cerrón Rojas y también congresista de la bancada oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, también está implicado en el caso. (Andina)

Perú Libre como “fachada”

El fiscal anticorrupción, Richard Rojas, también argumentó que la organización Perú Libre fue utilizada como una “fachada de partido político con la finalidad de ingresar activos maculados y, con todo ello, buscar la recolección de dinero para financiar campañas”.

Waldemar Cerrón Rojas, hermano del sindicado como líder de la mencionada red, se pronunció sobre el tema y defendió al secretario general de PL a través de una conferencia de prensa.

“El Dr. Cerrón no representa peligro de fuga (…) el problema es que a nivel nacional se desfigura la política, porque se está presentado a un líder de un partido nacional como si fuera un delincuente. (…) Este tipo de exageraciones tienen que tener un sustento legal, no estamos en contra de quienes administran la justicia”, indicó.

Por otro lado, el fiscal contra el delito de lavado de activos también destacó el “incremento injustificado del patrimonio” de Vladimir Cerrón; por ello, mencionó el peritaje que reveló un importante desbalance patrimonial del acusado por un monto que asciende a los seis millones de soles.

“Existen grandes sumas de dinero de origen desconocido, tanto en las cuentas del movimiento, actual partido Perú Libre, como en las del líder (Vladimir Cerrón Rojas). (…) El peritaje contable oficial arroja que ni el movimiento ni el líder de la agrupación criminal pueden justificar dichos ingresos”, increpó.

Las audiencias por la solicitud de la Fiscalía continuarán este miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 del presente mes entre las 15:00 y 17:00 horas. El investigado no estuvo presente en la primera audiencia suscitada el pasado martes 15. Además, mediante su cuenta oficial de Twitter, calificó el pedido de 36 meses de prisión preventiva como una “persecución política”.

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