Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra investigados por defraudación aduanera

Hace algunas horas, se dio a conocer el requerimiento planteado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao. Dicha solicitud involucra a 7 de los 32 detenidos.

De acuerdo a lo anunciado por el Ministerio Público, se solicita 36 meses de prisión preventiva contra los investigados por la presunta defraudación de renta de aduanas en perjuicio del Estado. Como se recuerda, los denunciados fueron capturados durante un operativo realizado el pasado viernes 4 de noviembre.

Del mismo modo, las autoridades pertinentes, pidieron restricciones para las otras 25 personas vinculadas en este caso. Es importante precisar que durante las diligencias se encontraron 43 mil dólares en la casa del jefe del Área de Importaciones de Aduanas, Lizardo Pérez Coyla.

También se incluye en la lista de los supuestos integrantes de esta banda criminal, los especialistas de SUNAT, Miguel Ángel Farías Aseng y Luis Manuel Ludeña de Montalbán. Sin embargo, algunos comisionistas como Antony Erick Arrasco Usquiano, Víctor Valdera Ubillus y Víctor José Ruiz Reátegui; y la empresaria Yolanda Huamán Aquipucho, se suman a la lista.

Según lo señalada por la Fiscalía, todos ellos son investigados por presuntamente integrar una organización criminal. Sobre el tema, la fiscal provincial Lucía Lizana Segama ingresó el pedido de prisión preventiva ante la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada.

Posterior a este trámite, se citará a una audiencia en las próximas 48 horas para que se evalúe los elementos de convicción ofrecidos en este caso. Como siguiente paso, se deberá ver la prognosis de la pena, esto quiere decir, que se evaluará si la sanción penal supera los cuatro años de cárcel.

Sin embargo, se deberá incluir el peligro procesal, tanto de fuga u obstaculización por parte de los imputados, la proporcionalidad y la duración de la medida.

Por otro lado, se conoció que desde la Fiscalía, también se solicitó de manera formal el impedimento de salida del país por ocho meses, caución y comparecencia con restricciones para las 25 personas restantes que fueron detenidas preliminarmente el pasado 4 de noviembre.

Todos los procesados por este caso que ha ocasionado gran polémica en el país, fueron capturados durante un megaoperativo realizado en Lima, Callao, La Libertad, Arequipa y Tacna de manera simultánea.

De acuerdo al comunicado oficial, emitido por el Ministerio Público, estas diligencias fueron realizadas en mérito a una resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, que dispuso la detención de 32 personas.

Sobre el tema, la fiscal Lizana, indicó que esta red criminal habría incurrido en dos modalidades para cometer sus ilícitos: evasión del fisco y ajustes de pagos irregulares a empresas. Por lo más sorprendente de sus declaraciones, es que advirtió que funcionarios del Estado estarían involucrados en esta organización.

“Lo que se investiga son estas dos modalidades: dejar de pagar tributos, es decir, evadir el fisco bajo una lista de importadores a los cuales se les exoneraba el pago de tributos”, indicó en la tesis fiscal.

“Y la otra modalidad es que a algunas empresas se les ajustaba el valor a pagar de acuerdo al pacto que hacían con un arreglo monetario de por medio. Lo que se les imputa es el delito de apropiación de rentas de aduanas con circunstancias agravantes”, agregó en dicho escrito.

Antes de culminar la tesis, señaló que el hecho delictivo que vienen investigando es básicamente la exoneración del pago de tributos a una determinada lista de empresas y ajustarles el valor para subvaluar sus mercancías, básicamente textiles.

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