Caso ‘Mamanivideos’: el escándalo político que deja a Kenji Fujimori a un paso de prisión

Última semana de marzo de 2018. Fuerza Popular, entonces grupo mayoritario en el Congreso, divulgaba unos videos en los cuales se evidenciaba el intento de comprar votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Los clips tenían como uno de sus protagonistas al hijo menor de Alberto Fujimori (1990-2000), Kenji, quien aparecía realizando gestiones para salvar la cabeza de PPK junto a Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Los videos fueron grabados por el fallecido excongresista fujimorista Moisés Mamani y exponían cómo el bloque parlamentario le daba la oportunidad para que los proyectos de su región, Puno, tuvieran acceso privilegiado con el Gobierno a cambio de votar “en contra” en el segundo pedido de vacancia contra Kuczynski.

En una de las conversaciones Bienvenido Ramírez deja en claro los beneficios de votar en contra de aquella destitución: “Puse al director del Proyecto Puyango Tumbes (Edgar Alvarado Córdova), puse al director del PSI, puse al director de Agroideas y estoy poniendo al prefecto de Tumbes. Estoy poniendo a Produce, estoy poniendo Senasa. Puse al director de EsSalud”.

Los otros videos tienen una temática semejante: ofrecer el cumplimiento de las obras de Mamani en su región a cambio de ganar su voto a favor de negar la vacancia al presidente.

La difusión dio fuerza a la oposición para continuar el proceso de destitución, tras revelarse presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht recibidos por Kuczynski, quien prefirió dimitir para evitar la inminente destitución por “incapacidad moral permanente”.

Las filmaciones resultaron comprometedoras porque en diciembre, Kenji y otros 9 políticos fujimoristas desafiaron abiertamente al que entonces era su partido cuando se abstuvieron de votar a favor de la destitución de Kuczynski.

Ese desafuero no pudo ser sometido a voto por falta de quórum, ya que el resto de bancadas abandonó el hemiciclo en protesta contra la dirección del Congreso de parte del fujimorismo y contra la participación de miembros de la Comisión Permanente en la votación.

Los tres dijeron ser víctimas de la “dictadura parlamentaria” de la que acusan a su exbancada. “Aquí tienes mi cabeza”, le dijo Kenji a su hermana Keiko. “Lo que se ha vivido hoy ha sido nauseabundo. No se ha respetado el debido proceso, se ha violado la ley, la Constitución”.

Cuatro años después, este martes, la Corte Suprema de Perú dictó cuatro años y medio de cárcel contra Kenji Fujimori por esos ‘Mamanivideos’.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villa Bonilla, leyó en una audiencia el adelanto del fallo que condena a Fujimori y a otros dos exlegisladores, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, por el delito de tráfico de influencias reales y agravado, pero los absuelve del delito de cohecho (soborno).

Sin embargo, la corte determinó que la pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme, es decir, ratificada en segunda instancia. Contra los sentenciados, también dictaron 18 meses de inhabilitación y la imposición de una multa, que en el caso de Fujimori asciende a 52.000 soles (unos 13.600 dólares).

Kuczynski indultó al exgobernante Fujimori el 24 de diciembre de 2017, apenas tres días después de haber salvado un primer intento de destitución gracias a los votos en abstención de Kenji y de otros nueve parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Bocángel y Ramírez.

Durante la lectura del fallo, a cargo del juez José Neyra, la sala revisó el informe pericial que verificó la autenticidad y originalidad de los audios y videos que sirvieron de pruebas para este caso y concluyó que estos no fueron manipulados ni editados, más allá de los cambios de nombres en los archivos originales de un reloj espía.

Además, la sala defendió la legitimidad de que Mamani grabara las imágenes, algo que había sido cuestionado por la defensa de los ahora sentenciados, y determinó la validez de sus declaraciones.

“Qué es lo que tú quieres, ¿obras para tu región?”, dijo Fujimori en uno de ellos. Sin embargo, la sala sostuvo que, al no haberse probado a qué obras se referían estas conversaciones, que eran más bien sobre propuestas genéricas, sin especificación, consideró no aplicable el delito de cohecho genérico por el que los imputaba el Ministerio Público.

En cambio, aseveró que “está probada la responsabilidad penal de cada uno” de los acusados en el delito de tráfico de influencias agravado al afirmar la existencia de un “plan criminal conjunto” en dos reuniones concretas en las que los exlegisladores abordaron la ejecución de obras.

En este caso también está el exasesor de Fujimori, Alexei Toledo, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por la sala, que anunció que el próximo 25 de noviembre realizará una audiencia para leer la sentencia completa.

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