Alberto Fujimori tomará la palabra en audiencia de habeas corpus que se discutirá su libertad

La defensa legal del expresidente de la República busca quedar absuelto de la sentencia que lo condenó por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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Durante el año 2017, Miguel Rodríguez Mackay se mostró a favor del indulto a Alberto Fujimori mediante una columna de opinión. (Andina)
Durante el año 2017, Miguel Rodríguez Mackay se mostró a favor del indulto a Alberto Fujimori mediante una columna de opinión. (Andina)

El expresidente de la República, Alberto Fujimori, tomará la palabra hoy durante la audiencia que el juez Juan Fidel Torres Tasso, titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, revisará el habeas corpus que presentó para anular la condena de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Además, el magistrado escuchará los alegatos los alegatos de defensa de Elio Riera, abogado del exmandatario, quien cuestionará la legalidad del fallo emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el 7 de abril del 2009, que condenó a Fujimori como autor mediato del delito de secuestro agravado.

El letrado también pidió la nulidad de la sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, del 30 de diciembre del 2009, que ratificó lo resuelto por la Sala Penal Especial. Por su parte, en la audiencia también participará un abogado de la procuraduría del Poder Judicial.

“Consideramos que la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema no se encuentra conforme a ley por cuanto se vulneró el principio de imputación necesaria y del debido proceso”, señaló Riera Garro al diario Correo hace semanas.

Pedido a favor de Alberto Fujimori.
Pedido a favor de Alberto Fujimori.

“No existió ningún elemento de convicción para atribuir al señor Alberto Fujimori el delito de secuestro agravado. Mucho menos para condenarlo por homicidio calificado y lesiones o por haber realizado supuestamente trato cruel contra los señores Gustavo Gorriti y Samuel Dyer”, añadió durante sus declaraciones.

En paralelo al terreno judicial, la defensa legal de Fujimori ha recurrido al Tribunal Constitucional debido a la falta de pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto que se le otorgó para recuperar su libertad en febrero pasado.

“Que habiendo transcurrido más de sesenta días (60) de la fecha de la audiencia de la CIDH, sobre el dictado de medidas provisionales y no existiendo a la fecha un pronunciamiento final con respecto al fondo de la controversia solicito a usted señor Presidente dejar sin efecto los alcances de la referida medida cautelar y se cumpla con los efectos jurídicos de la Sentencia recaída en el presente expediente emitida en su oportunidad en la mayoría de los señores integrantes del máximo intérprete de la Constitución”, señala el recurso.

Como se recuerda, el 30 de marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de febrero pasado. En esa oportunidad, el TC que declaró fundado el hábeas corpus presentado por el abogado Gregorio Parco tuvo los votos de los tribunos Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

Recurso presentado por la defensa legal de Alberto Fujimori.
Recurso presentado por la defensa legal de Alberto Fujimori.

Procurador

En octubre se anunció que el procurador público ad hoc Javier Pacheco Palacios viajaría a Chile para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado ante autoridades de ese país.

El motivo de la visita es el proceso de ampliación de extradición del expresidente Alberto Fujimori, tras recibir la autorización del Ministerio de Justicia. Según la Resolución Ministerial N° 0298-2022-JUS, publicada la primera semana de octubre en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el procurador concretó dicho viaje a Santiago de Chile del 10 al 13 de octubre.

De acuerdo a información oficial, durante este viaje, Javier Pacheco realizó coordinaciones con autoridades políticas, académicas y del derecho chileno, con el objetivo de asegurar y garantizar una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales de ese país. Dicha Resolución Ministerial llevaba la firma del ministro de Justicia, Félix Chero.

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